Copia de alquiler

El Gobierno presentó ayer dos medidas para incentivar el mercado de la vivienda que corren el riesgo de convertirse en un aparatoso fiasco político. El presidente del Gobierno y la ministra de Vivienda informaron de que a partir del 1 de enero los jóvenes de entre 22 y 30 años podrán percibir una ayuda mensual de 210 euros mensuales para alquilar una vivienda; pero se da la circunstancia de que está en vigor un plan nacional aprobado en Consejo de Ministros que subvenciona el alquiler de una vivienda con 240 euros mensuales a los jóvenes de hasta 35 años. La segunda medida es una desgravación fiscal a los alquileres del 10,05% en el IRPF que, junto con el tramo autonómico, sumaría una desgravación de hasta el 15% en la declaración de la renta. Pero como el tramo autonómico no tiene por qué aplicarse, la idea difundida ayer desde el Gobierno de que se quiere equiparar el tratamiento fiscal del alquiler con el de la compra de vivienda peca de cierta exageración.

Resulta un poco ridículo que el Gobierno presente como nueva una política de ayudas que ya existe. El hecho de que la subvención patrocinada por Carme Chacón se aplique a rentas de hasta 24.000 euros en lugar del ámbito más reducido de la norma aprobada en julio de 2004, no es causa suficiente para pronosticar que estamos ante un tratamiento novedoso y casi definitivo de las dificultades que tienen los jóvenes para encontrar una vivienda. Existe, además, una objeción de orden estratégico: la subvención directa, en versión Trujillo o en la extendida copia de Chacón, estimula la demanda de alquileres, pero el principal problema del alquiler en la actualidad es la oferta de pisos que puedan arrendarse. Hasta ahora, el Gobierno no ha conseguido convencer a los propietarios de pisos libres de que el mercado del alquiler es una opción rentable. Sin oferta, los jóvenes no encontrarán un alquiler por el que puedan solicitar los 210 euros previstos.

Resulta irritante el evidente ánimo electoral con el que se tramitó ayer la presentación de una ayuda pública que no es más que la corrección de otra que ya existe, sin explicar que ya existe y por qué no funciona. No está de más recordar que estas medidas son costosas: los 210 euros mensuales supondrán al erario público casi 450 millones de euros. En España no se ha producido el debate público necesario sobre el destino del superávit presupuestario y, por ello, no están claros los criterios con los que debe utilizarse política y socialmente. Esta falta de criterio se aprecia en la aparición inarticulada de ayudas sociales que han brotado como champiñones las últimas semanas.