Correa vence
El presidente ecuatoriano ha obtenido, según vaticinan las proyecciones electorales, un mandato muy holgado para disolver el Congreso y formar una Asamblea Constituyente a su medida que reescriba en un máximo de ocho meses la ley fundamental del país andino, decimonovena en menos de dos siglos.
Rafael Correa había hecho de la consulta del domingo la piedra angular de su proyecto para llevar a Ecuador, un país pobre e inestable, hacia un denominado socialismo del siglo XXI, un cajón lo suficientemente propagandístico, amplio y vacío como para alojar casi cualquier experimento político.
Al igual que en los casos de Venezuela y Bolivia, con cuyos dirigentes Correa proclama su especial sintonía, la Constituyente servirá al presidente ecuatoriano para desembarazarse de un Parlamento insuficientemente dócil, acentuar su control legislativo e impulsar un mayor control estatal sobre la economía. Hugo Chávez deriva su monopolio del poder de la Asamblea Constituyente de 1999, y Evo Morales pretende lo mismo, con resultados más que dudosos por el momento, debido a una oposición organizada. Correa, un economista izquierdista de verbo incendiario y formado en Estados Unidos, llegó al poder en enero pasado con la promesa de acabar con el predominio de los partidos tradicionales y la inestabilidad que ha devastado Ecuador y forzado un desfile de presidentes que no han acabado su mandato, expulsados por la ira popular o por las conspiraciones políticas. La cuestión es si, además de un populismo que le proporciona dividendos, hay algo más consistente detrás del carismático líder ecuatoriano, acostumbrado a las poses radicales pero con cortísima experiencia de gobierno.
Ecuador necesita profundos cambios para salir del pelotón de cola latinoamericano en que está instalado. Sus crónicos vaivenes políticos y económicos, consecuencia de un despilfarro y una corrupción también crónicos, han forzado el éxodo de más de un millón de ecuatorianos en los últimos años, muchos de ellos con rumbo a España. Pero dista de ser claro que la fórmula para dar una vida digna a los ciudadanos o solucionar los agobiantes problemas de empleo, sanidad o educación del país andino sea la de derogar una Constitución con menos de diez años de vida. En un país sin contrapesos institucionales dignos de tal nombre, la Constituyente en manos de Correa significa Ecuador en manos de Correa. Y los antecedentes democráticos del joven presidente, con su bendición hace unos meses para que fueran expulsados del Congreso 57 parlamentarios opositores, no son precisamente alentadores.
