Corrupción y melancolía
Con la Operación Pretoria, Baltasar Garzón ha incorporado al cada vez más denso mapa de la corrupción una presunta trama catalana de carácter transversal, que conecta ayuntamientos gobernados por los socialistas con personalidades del mundo de Convergència a través de un ex diputado del PSC, susceptible de toda sospecha. Tanto hablar de la sociovergencia política y ahora resulta que la económica iba por delante. Unos se apresuran a celebrar el fin del oasis catalán y otros vuelven al eterno discurso del ataque contra Cataluña. En medio, la desafección ciudadana crece: todos son iguales.
Cada vez que estalla un nuevo caso, se perciben sentimientos encontrados: satisfacción porque la justicia saca un caso de la sombra, pero indignación por la extensión de una enfermedad a la que no se le ve límite. La ciudadanía ha crecido en escepticismo y a los políticos se les está agotando el recurso de ocultar las miserias envolviéndolas con los grandes discursos ideológicos, ya sean laicos o patrióticos. Hay motivos para pensar que estos hechos no harán sino aumentar una abstención, que ya se preveía muy alta, en las próximas elecciones catalanas y que quizá servirán para dar entrada a grupos políticos ahora extraparlamentarios que pueden complicar la gobernabilidad del país.
¿Qué pretenden los principales partidos políticos: minimizar los efectos y mantener las apariencias a partir de pactos secretos de no agresión o de agresión limitada o realmente trabajar por la transparencia y por la clarificación de los hechos? Los dos partidos catalanes afectados por la Operación Pretoria, han reaccionado de forma dispar, aunque cuando se han visto cara a cara -en el Parlamento- no han hecho ningún favor a su reputación, porque han optado por evitar la cuestión que, por respeto a la ciudadanía, era ineludible.
CiU ha deslizado estos días reiteradamente el mensaje de que si se tira de la manta saldrán todos perdiendo, algo que ya venía repitiendo desde el caso Millet. Lo dijo Jordi Pujol casualmente el día anterior a los hechos. Insistió Artur Mas después al decir que podríamos encontrarnos en medio del Far West. Felip Puig ha llegado a afirmar que esto ocurre porque hay un gobierno débil, dando a entender que un gobierno fuerte es garantía de impunidad. La conclusión es alarmante: sabemos que hay mucha mierda, pero mejor esconderla entre todos: política kitsch. ¿Hay que optar por la omertà ante el riesgo de la catarsis?
El PSC, por su parte, se ha puesto el listón tan alto desde el primer día, al anunciar Zaragoza, el secretario de organización, que si sus militantes eran imputados serían inmediatamente expulsados del partido y sustituidos en sus cargos, que tiene ahora difícil marcha atrás. Al mismo tiempo, la falta de confianza con los suyos, al señalarles el castigo antes de que sean imputados, no deja de ser sospechosa. ¿Qué saben?
CiU tiene implicadas a dos personas -Prenafeta y Alavedra- muy significativas en la historia del partido, pujolistas del núcleo duro y permanentes activistas del nacionalismo en las clases altas catalanas. La dirección actual parece decidida a distanciarse de ellos como hombres del pasado, en un ejercicio que deberán medir muy bien si no quieren que sea visto como una deslealtad por una parte de su electorado. El PSC, en cambio, tiene implicado a un alcalde, Barto Muñoz, y parte de su equipo, con un peso importante en el poder municipal y con presencia incluso en las instancias directivas del PSOE. Aunque es cierto también que el supuesto hombre clave de la trama, Luigi García, fue expulsado hace ya algunos años.
Con independencia de los distintos grados de responsabilidad, PSC y CiU deben escoger: seguir buscando coartadas para guardar las apariencias y limitar los efectos o plantearse de una vez para siempre la cuestión de la corrupción, aun a riesgo de un estallido.
La corrupción no es sólo una cuestión política. No hay corrupto sin corruptor. Nadie cobra si alguien no paga. Y es injusto ser más estrictos con los políticos que con los corruptores. Muchas veces, la corrupción va ligada a la financiación de los partidos, otras, busca el simple beneficio de las partes (como parece ser el caso Santa Coloma); a menudo, las dos cosas van juntas. En una cultura que ha entronizado el dinero como valor absoluto, probablemente es ingenuo pedir transparencia. Pero la catarsis es ya indispensable, aunque cueste el puesto a muchos. De lo contrario, se impondrá la melancolía y las urnas se quedarán vacías. Hasta que, un día, la ciudadanía se harte.
