Corrupción y sociedad
Los delitos que presuntamente se han cometido en muchas Administraciones, el cohecho, la prevaricación y el tráfico de influencias, necesitan la colaboración de tres responsables: el político electo que lo autoriza, su valido o muñidor interpuesto (funcionario público o designado) que solicita o recibe las prebendas y el administrado que las paga o propone. Lo deseable sería que se depurasen todas las responsabilidades y que el peso de la ley cayese sobre ellos.
Unos y otros son jugadores de ventaja, actuaron contra la Administración, que solo es servicio público cuando cumple las leyes, y contra los intereses de otros ciudadanos que por no prestarse a la comisión del delito vieron mermados sus derechos y posibilidades de atención por parte de la Administración afectada.
Durante el pasado debate sobre el estado de la nación, de contenido principalmente económico, todos callados; la corrupción, que influye absolutamente en la economía, es un asunto espinoso para todos los grupos parlamentarios.
Nos haría un flaco favor a los españoles que todo esto (Malaya, Gürtel, Pretoria, Ballena Blanca, Palma Arena, Palau de la Música, Brugal...) quedase solo en un asunto judicial del que el Gobierno y la oposición nada quieren saber, o peor aún, que se transformase en un asunto que, por implicar a demasiadas personas socialmente relevantes, fuese poco aclarado en sede judicial.
De ser así, la sospecha de irregularidad no sería solo de los implicados, sino de la sociedad española en su conjunto, por muy dura que nos parezca esta consecuencia.
