Cosecha parlamentaria

El debate sobre el estado de la nación concluyó ayer con la aprobación de 33 resoluciones sobre un total de 78 presentadas por los grupos de la Cámara.

A diferencia del debate del año anterior, en el que el PSOE fue derrotado en 11 ocasiones, en esta nueva cita sólo han prosperado seis resoluciones que no contarán con su apoyo. El debate presenta otro contraste con el precedente: CiU fue el grupo que más iniciativas logró sacar adelante, siete, siempre con el apoyo socialista, en contraste con Esquerra Republicana, que sólo obtuvo la mayoría para una de sus propuestas. La distinta actitud de los socialistas frente a las mociones presentadas por los dos partidos catalanes sugiere que el debate pudo servir, en buena medida, para escenificar el inicio de un cambio de alianzas por parte del Gobierno, si bien el portavoz de CiU, Duran i Lleida, se apresuró a desmentirlo.

Algunas de las resoluciones aprobadas tienen particular trascendencia, como las relativas al traspaso a la Generalitat de la red ferroviaria de cercanías y al desarrollo del Estatut. CiU mostró satisfacción por el apoyo socialista en ambas materias, mientras que Esquerra consideró que se trataba de compromisos vagos. No debía de ser así cuando el PNV y el BNG lograron que se aprobara una resolución sobre infraestructuras ferroviarias en sus respectivas comunidades que, en este caso, no contó con el apoyo del PSOE.

También merecen especial atención las resoluciones aprobadas sobre corrupción urbanística e inmigración, la primera propuesta de Izquierda Unida y la segunda de CiU. El Congreso insta al Gobierno para que endurezca en el Código Penal los delitos de corrupción y para que dote de más medios a la fiscalía. Pero, sobre todo, insiste en la necesidad de incrementar los presupuestos de los ayuntamientos, cuya escasez es en parte origen del urbanismo salvaje. Respecto de la inmigración también aparecen novedades que podrían suponer una inflexión en las políticas actuales: el Congreso exige el endurecimiento de la inspección laboral y la lucha contra la economía sumergida.

El terrorismo tuvo su lugar en la jornada. Dado que IU retiró la moción en la que pedía un nuevo pacto antiterrorista, sólo el PP perseveró en la materia que desea convertir en monotema, exigiendo la entrega de las actas de las conversaciones del Gobierno con ETA y la anulación de la resolución de mayo de 2005, en la que se autorizaba las conversaciones con los terroristas en ausencia de violencia. Ni su propuesta contó con la mayoría de los votos ni se aprobó ningún texto relacionado con un asunto sobre el que los partidos tendrán no obstante que tomar decisiones, aunque seguramente en otro contexto y en otro clima político.