Cospedal se estrena

Si para los socialistas la pérdida de Castilla-La Mancha suponía elevar a la categoría de hecatombe su posible derrota en las elecciones autonómicas, para los populares conquistar esa comunidad autónoma significaba convertir su más que probable victoria electoral en apoteósica. Una vez conquistada esa región, era natural que su Gobierno fuera visto como un escaparate o banco de pruebas de las políticas que desarrollará el Partido Popular frente a la crisis.

Los propios dirigentes del PP han contribuido a alimentar ese mensaje en relación con su gestión en el resto de las comunidades autónomas, caracterizadas de momento por un grado de incoherencia que permite tanto prometer la rebaja de impuestos en un lugar (Castilla-La Mancha), como aumentarlos en otro (Extremadura). También es un escaparate, un ensayo de las políticas del PP para toda España si, como se da por descontado, se alza con la victoria en las próximas elecciones generales. Dolores de Cospedal, secretaria general del partido, esbozó ayer en su investidura como presidenta castellanomanchega algunas de las claves de esa nueva estrategia de austeridad y control del gasto que el PP propone frente a la crisis.

Uno de los primeros compromisos que Cospedal y su Gobierno tienen contraído es aclarar las sospechas lanzadas por su partido justo después de las elecciones sobre la situación de las cuentas públicas en Castilla-La Mancha a partir de suposiciones, rumores o datos inconexos supuestamente proporcionados por funcionarios. Hay que explicar si la comunidad está en quiebra, si existe un enorme déficit oculto, si no se puede pagar la nómina de los funcionarios, si ha habido secuestro y destrucción de documentos oficiales y si las empresas públicas están llenas de amigos del gobierno saliente, como dijeron los populares. Tienen derecho a saberlo los ciudadanos castellanomanchegos, pero también los españoles en general: fueron acusaciones que no ayudaron precisamente a fortalecer la imagen de España ante los mercados.

Entre las medidas de la política de austeridad propuesta por Cospedal es llamativa la supresión de órganos de control de su Gobierno: la institución del Defensor del Pueblo, el Consejo Económico y Social e incluso la Sindicatura de Cuentas. El ahorro es menor, lo que apenas incide en la reducción del presupuesto regional y, sin embargo, la supresión de esos órganos tiene una significación política innegable. La Administración autonómica no debe ser una réplica de la central, pero de lo último que deberían prescindir los Gobiernos, autónomos o no, es de los órganos que los controlan. Más sentido tiene reducir el número de altos cargos -hasta un 60% durante la legislatura-, y habrá que seguir atentamente su implementación. Otras promesas como la rebaja de impuestos o el desarrollo de las infraestructuras tendrán que esperar. La crisis no perdona a nadie.