Crisis y servicios sociales
Los servicios sociales son el paraguas del Estado de bienestar para dar protección a las personas más vulnerables. Gestionan servicios y prestaciones para cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos. Siempre, pero especialmente en épocas de crisis resultan fundamentales para evitar que un mayor número de familias se deslicen hacia la pobreza y la marginalidad social.
Con la crisis, la demanda de ayuda ha aumentando, sin que se hayan tomado medidas para reforzar los servicios, por el contrario, se recortan recursos. Los centros están colapsados, son incapaces de atender la creciente demanda de personas que acuden en busca de apoyo para poder alimentar a su familia o pagar el alquiler. Las listas de espera aumentan, los tiempos para ser atendido o cobrar prestaciones se alargan, las condiciones para su acceso se endurecen.
¿De qué sirven las leyes y normativas de protección social, si la ayuda no llega cuando hacen falta? Estos ciudadanos también tienen derechos. Están en situaciones de extrema precariedad, si no se les da respuesta rápida y efectiva generarán importantes bolsas de exclusión social.
Si hablamos de justicia social, esto hoy, es inaceptable. Los recursos existen, 7.551 millones de euros ha dedicado el Estado al saneamiento de los bancos. Los beneficios de las empresas del Ibex 35 siguen creciendo, también las ganancias de las firmas de lujo y más de 244.000 millones se podrían conseguir según los técnicos de Hacienda combatiendo el fraude fiscal y la economía sumergida.
Dinero hay. En la forma en la que se reparte está la clave. Dedicar más dinero a los que más lo necesitan es básico. No podemos dejar en la cuneta a miles de familias, cada vez más empobrecidas, cada vez más vulnerables.
Los sistemas de protección hoy más que nunca son necesarios y deben funcionar, dando una respuesta adecuada que permita vivir dignamente a las personas.
