Cuestión de confianza

Los estrategas políticos del PSOE y del PP plantearon el debate televisivo entre el vicepresidente, Pedro Solbes, y el número dos del PP por Madrid, Manuel Pizarro, como un duelo en el que debía dilucidarse quién de los dos ofrece más confianza para enfrentarse al presumible empeoramiento de la economía española. Desde esta perspectiva, caben muy pocas dudas de que Solbes triunfó con holgura. En su estilo poco ameno, el vicepresidente transmitió la serenidad que necesitan los ciudadanos, y en particular los inversores, en tiempos de incertidumbre. Y lo hizo con un diagnóstico más realista que la dramática insistencia en la ruina de los españoles y la retórica de "los males de la patria" de Pizarro.

Una primera conclusión del debate es que se impuso el diagnóstico económico de Pedro Solbes: la economía española se enfrenta a una desaceleración económica, causada por el fin del boom de la construcción y agravada por factores externos como el precio del petróleo, la crisis financiera y elevación de tipos. El diagnóstico alternativo ofrecido por Pizarro, que insiste en dibujar una tenebrosa crisis causada en todos sus términos por la incompetencia del Gobierno, simplemente no se sostiene. Las proyecciones económicas no avalan una recesión -la previsión peor augura un crecimiento del 2,7% para este año- y las tasas de crecimiento del PIB y del empleo durante los últimos cuatro años desmienten la tesis de los errores catastróficos.

En el debate entre los dos pesos pesados de la economía se dibujaron también las estrategias de ambos partidos para mitigar la desaceleración. Solbes ofreció un plan compacto, basado en limitadas rebajas fiscales, inversión intensificada en infraestructuras y la continuidad de políticas sociales dirigidas a proteger las rentas más bajas de las peores consecuencias de la menor creación de empleo y el previsible aumento del paro. La opción de Pizarro fue más imprecisa. Consiste en síntesis en un gran recorte fiscal, extremadamente costoso para las arcas públicas, y en la confianza absoluta de que la iniciativa privada actuará infaliblemente para reactivar el PIB y el empleo.

La contradicción del PP es que no se puede tener estabilidad presupuestaria aplicando un recorte de impuestos que cuesta 30.000 millones, salvo que se reduzca el gasto público. Nada más razonable que preguntarse dónde aplicaría el PP los inevitables recortes. El exabrupto de Pizarro citando el Ministerio de Vivienda, la oficina económica de la presidencia, el piso del ministro de Justicia o "el pago a los terroristas" es algo más que una grosería impropia de alguien que aspira a responsabilizarse de la política económica; indica que el PP carece de un plan económico articulado más allá de fabulosos recortes impositivos. Hoy por hoy, la credibilidad económica del Gobierno es superior a la del PP. El peso de Pizarro no ha minado la credibilidad de Solbes, más bien al contrario.