Democracia militante
Ahora que se inicia un nuevo camino para la paz en Euskadi y en España, muchos abogarán por la derogación de la Ley de Partidos. Sin embargo, es muy pronto aún para plantearse este objetivo, pues la banda terrorista ETA todavía no se ha desarmado.
Pero, incluso llegado ese momento, sería contraproducente para nuestro sistema político devolver la Ley de Partidos al baúl de los recuerdos, pues dicha ley seguiría siendo efectiva para protegernos de hipotéticas formaciones políticas que ampararan un terrorismo no vinculado a reclamaciones independentistas sino de cualquier otro tipo. Además, en un escenario sin ETA, dicha ley, en sus términos actuales o revisada, tendría que comenzar a aplicarse contra todos aquellos partidos políticos que defiendan -bien en sus estatutos, bien en su propaganda- ideas que vulneren claramente principios y valores constitucionales como son, por ejemplo, la no discriminación por razón de raza, sexo, religión, opinión, condición personal o social (Art. 14 de la Constitución), o el derecho a la propiedad privada y a la herencia (Art. 33 de la Constitución).
Es decir, que la Ley de Partidos debería ser un instrumento eficaz para la democracia militante, que es aquella que se protege de quienes la cuestionan y buscan su destrucción.
