Démosle la vuelta al embudo judicial

La mala imagen que la Administración de justicia tiene entre la población española, a la que se sitúa entre los peores servicios públicos, resulta una constante a la que nos hemos habituado con asombrosa condescendencia colectiva. El estudio del CIS de julio de 2010 (núm. 2841) fija en un escalofriante 71% el porcentaje de ciudadanos que consideran que el servicio público de la justicia funciona poco o nada satisfactoriamente, criterio que desde 1987 sufre un claro incremento porcentual, lo que nos viene a decir que después de más de treinta años de vigencia de la Constitución, la prestación de una tutela judicial efectiva sin indefensión ni dilaciones, que la Carta Magna consagra, está aún lejos de ser satisfactoria.

El procedimiento vigente para el reclutamiento de jueces es lento, costoso e ineficaz: 140 plazas por año en el último lustro

Una reconversión del 50% de los secretarios en jueces nos aportaría, en breve tiempo, más de 1.000 jueces

Muchos y variados han sido los estudios que han radiografiado este mal, aparentemente endémico, entre los que destacó por su fundamentación y extensión el Libro Blanco de la Justicia, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial en 1997. Pero lamentablemente la radiografía del enfermo no basta para sanarlo.

Paradójicamente, el esfuerzo presupuestario llevado a cabo en los últimos años es más que notable, habiéndose pasado de un gasto en justicia de 68 euros por habitante en 2006 a 86,30 euros por habitante en 2008, muy por encima de la media europea, tasada en 38,90 euros por habitante, y superior a países de nuestro entorno, como Francia e Italia. Los presupuestos de Justicia de 2009 y 2010 no hacen sino confirmar esta tendencia.

¿Cuál es el motivo por el que una aparente voluntad política de reforma, apuntalada por dotaciones presupuestarias sólidas no se traduce en una sustancial mejora para la prestación de este capital servicio público? Pues sencillamente porque estos esfuerzos no han incidido decisivamente en la mejora de la capacidad resolutoria de los conflictos, verdadero embudo en donde se agolpan millones de asuntos a la espera de la decisión de un colectivo de profesionales, los jueces, en su gran mayoría desbordados en su propia capacidad de trabajo e incapaces de asumir la carga litigiosa que las oficinas tramitadoras exponen a su personal, intransferible y decisivo criterio.

Según los informes bienales de la European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), en 2006 el número de jueces profesionales por cada 100.000 habitantes en España era de 10, por debajo de Italia (11) Francia (12) y Alemania (24). Dos años después, en 2008, el número se ha incrementado en menos de un punto, alcanzando los 10,7 por 100.000 habitantes, cuando la media europea se sitúa prácticamente en el doble. Otro dato clarificador: el plazo medio para resolver una demanda en primera instancia es de trescientos días, plazo solo superado por Italia y Portugal.

Y no nos engañemos. Por muchas, notables y necesarias reformas que es necesario afrontar y que de hecho se están llevando a cabo (a destacar el plan estratégico de modernización del sistema de Justicia 2009-2012, pilotado desde el Ministerio de Justicia), si no se ataca el núcleo del problema (la fase resolutiva, poder dictar más sentencias, reducir la distancia temporal entre demanda y resolución), estaremos construyendo magníficas autopistas para llegar antes al atasco. Imaginemos un hospital en el que se mejore sustancialmente el trámite de diagnóstico e ingreso (servicios de urgencias y consultas externas), se perfeccione el quehacer de los servicios centrales y jerarquizados, se modernicen instalaciones e instrumental, pero se mantenga el mismo número de quirófanos y, sobre todo, de cirujanos. Las listas de espera sufrirán un incremento notable, sin que ello desvirtúe las mejoras introducidas, pero sin lograr la efectiva prestación que se espera de este servicio público.

Resulta evidente que las iniciativas en pos de lograr una mayor y mejor capacidad decisoria no solo pasan por un incremento del número de jueces, tema nuclear sobre el que incidiremos, sino que deben contemplar otras vías complementarias y colaterales paliativas de la congestión. Pero siendo conscientes de que seguimos en la tarea de mejora de los accesos al gran atasco que forman tres millones de causas sin resolver. Urge una franca solución, que no inhabilite los esfuerzos que se están llevando a cabo y que sorprendentemente tenemos al alcance de la mano y dentro del propio sistema. Volvemos a aquello de que los árboles no nos dejan ver el bosque.

El procedimiento vigente para el reclutamiento de jueces es lento, costoso e ineficaz (la media del último lustro ofrece una cifra de 140 plazas por año), prima las cualidades memorísticas del aspirante y caricaturiza la experiencia profesional, limitada a una breve tutoría más simbólica que real. Desde hace tiempo se viene clamando por una reforma del sistema, para lo que ya se han iniciado trabajos que apuntan a una tímida afectación.

Para paliar esta escasez de juzgadores se viene acudiendo, entre otras medidas de urgencia, a la figura de los jueces no profesionales -jueces sustitutos y magistrados suplentes-, normalmente licenciados recién salidos de la Facultad, jóvenes profesores o abogados y procuradores sin mucha ocupación laboral, que se incorporan directamente a la tarea jurisdiccional. El conjunto de licenciados que no formando parte de la carrera judicial actúan en los órganos judiciales en funciones de jueces o magistrados alcanzó la increíble cifra de 1.408 a 1 de enero de 2010. Es decir, casi una cuarta parte de los juzgadores no son profesionales. La reciente implantación de los denominados jueces de adscripción territorial, ya conocidos popularmente como la UJE (Unidad Judicial de Emergencias), no deja de ser un parche que desde su misma conceptuación (jueces profesionales volantes para cubrir vacantes de jueces profesionales) resulta ciertamente vistoso, pero fallido.

Los asuntos denominados "menores" (juicios de faltas, verbales, monitorios, ejecutivos, desahucios, contenciosos menores, jurisdicción voluntaria, expedientes de registro civil, etcétera) que se tramitan en juzgados y tribunales constituyen un volumen importante del total de la carga judicial. No hay que olvidar que cada asunto, por muy "menor" que sea, requiere de la intervención de la oficina judicial en su totalidad, incluido el juez o magistrado en sus trámites más decisivos. En la popular y acertada filosofía anglosajona de la valoración del coste al contribuyente, el montante man/hour de la tramitación de uno de estos asuntos se dispararía a niveles inasumibles.

Por otro lado, la oficina judicial ha venido resultando ingobernable. No hay unidad administrativa que soporte una estructura con cinco jerarquías distintas (juez, secretario judicial, técnicos de gestión procesal, auxiliar de gestión procesal y agentes judiciales), en algunos supuestos delegables entre sí y que se mantiene en contra de las tendencias más productivas en las oficinas colectivas de gestión, en donde la categoría única de funcionarios se impone. Su configuración no ha satisfecho a nadie: ni a sus servidores ni, lo que es más importante, a los ciudadanos que diariamente acuden a los juzgados y tribunales. Es harto significativo que los nominales "directores" de estas unidades de gestión de lo público, los secretarios judiciales, vienen desempeñando una tarea que solo puede definirse como desdibujada y anacrónica, como lo es el propio fundamento de su existencia como cuerpo superior de la Administración de justicia: la denominada Fe Pública Judicial, hoy día desbordada por las garantías procesales y constitucionales, así como por los medios técnicos de general aceptación y utilización. Magníficos y reputados profesionales, la situación de la Administración de justicia en España no puede permitirse el lujo de su indefinición administrativa, que permanentemente procura conflictos en la interpretación de sus derechos/deberes profesionales, como de un modo palmario se ha visto evidenciado en estos días con ocasión de la implantación de la nueva oficina judicial (NOJ), cuyos titubeos competenciales no pueden sino augurar severas dificultades de consolidación.

Volviendo al ejemplo hospitalario, siempre imaginamos en una intervención quirúrgica la debida presencia del cirujano, del anestesista, del enfermero y del auxiliar de clínica, cuyo número variará en función de la complejidad de la propia intervención. Pero en cualquier caso nunca entenderíamos la presencia de otro médico que en franca actitud pasiva justifique su presencia en la necesidad de acreditar que lo que hace el cirujano y demás intervinientes es lo que efectivamente se hace y no otra cosa distinta. Y menos aún comprenderíamos su papel cuando este médico inactivo está perfectamente capacitado para intervenir dolencias menores y hay una importante lista de espera para su tratamiento.

¿Quién no ha presenciado una vista judicial y se ha preguntado quién es y qué hace un togado condecorado y sentado en estrados sin intervención alguna en el devenir de la misma? Una anécdota refleja con gracia esta situación. En el juzgado decano de los de distrito de Granada, cuyo titular era un ilustre y magnífico magistrado -don Antonio Valencia-, concluía un juicio de faltas de entre la media docena que ese día se ventilaban ante su imponente presencia. Pronunciado el rutinario "visto para sentencia", una de las partes se sintió obligada a despedirse de tan ilustres oficiantes. Mirando a don Antonio y esbozando una leve inclinación de cabeza, le dijo: "Adiós y buenos días, señoría". Acto seguido gira su rostro y mirando al fiscal le repite: "Adiós y buenos días, señor fiscal". Para finalizar su gentil despedida se dirige al secretario y después de unos segundos de duda, termina por espetarle: "Adiós y buenos días... señor embajador".

Los secretarios judiciales, cerca de 3.000, son licenciados en Derecho que han superado una dura oposición, muy similar a la de jueces y fiscales (de hecho, muchos opositores se suelen matricular de las tres) y cuyo devenir profesional suele aventurarse en "tierra de nadie". Tramitan los miembros de los cuerpos de gestión y auxiliares y resuelven los jueces y magistrados. La Europa judicial carece de parangón en esta rama de personal judicial cualificado, y de hecho España es el país en el que con sustancial diferencia hay más personal no judicial por cada juez.

Si relacionamos la carga judicial, con especial referencia a la carga "menor", jueces no profesionales y número -y cualificación profesional- de secretarios judiciales, resulta una ecuación sorprendente: si a los secretarios judiciales se les habilitase -voluntariamente- en jueces, llamémosles "de instancia", "de proximidad" o -siguiendo la terminología empleada por la Comisión sobre Demarcación y Planta- "de base" y se ocupasen de resolver la jurisdicción menos compleja, incluida la jurisdicción voluntaria y el Registro Civil, obtendríamos resultados inmediatos y espectaculares, con gasto limitado (con sustancial alivio en el capítulo I, pues se minoraría su retribución como secretarios y la de los jueces no profesionales a los que suplirían), con garantías muy superiores a las actuales (son profesionales del derecho con amplia experiencia en la jurisdicción que en muchas ocasiones son los que "ilustran" las sentencias de los no profesionales) e incluso con gran aceptación por parte de este colectivo, lamentablemente desorientado.

Una reconversión del 50% de los secretarios en jueces nos aportaría, en breve tiempo, más de 1.000 jueces profesionales y experimentados. ¿En dónde se puede encontrar semejante cantera? ¿Alguien puede explicar cómo se prefiere para la trascendental tarea de dictar sentencias a personas para cuyo nombramiento se exige únicamente el título de licenciado en Derecho (carecer de antecedentes penales y no superar los 72 años de edad) a juristas profesionales de conocimientos teóricos y práctica forense contrastados? Finalizando con el modelo sanitario, ¿se dejaría usted operar por un licenciado en Medicina recién salido de la Facultad? Seguramente no. Pues sepa usted que en la Administración de justicia sus derechos y libertades pueden ser "intervenidos" por licenciados en Derecho sin experiencia forense alguna y en un porcentaje alarmante. ¿No le parece más adecuado emplear en tal menester a unos facultativos perfectamente habilitados y capacitados que están hartos de presenciar pasivamente cientos de intervenciones como la que le van a hacer a usted? ¿Y si además tal medida resultase menos gravosa para el erario público y, por tanto, para su bolsillo? Miel sobre hojuelas.

La tan esperada creación de los juzgados de base o de instancia, siguiendo las fundamentadas recomendaciones de la Comisión sobre Demarcación y Planta, ofrece al Gobierno una oportunidad inmejorable de afrontar esta cuestión.

Y si el pasado es una contracción de lo que ya ha acontecido, el futuro solo existirá si sabemos imaginarlo. Una gestión decidida sobre este "cuerpo diplomático" de contrastados profesionales rompería definitivamente una de las más desconcertantes inercias de recio arraigo en la justicia española, habilitando, muy al contrario, una imaginativa, incisiva y rápida medida contra el retardo en la obtención de tutela judicial. Pero hay que temer fundadamente que, de nuevo, se dejará pasar una extraordinaria coyuntura de reformas como la que estamos viviendo para abordar de una vez por todas esta cuestión. Veremos.

José Luis Benito y Benítez de Lugo. Jefe del departamento de análisis del Consejo del Poder Judicial. Fue director de los gabinetes de los ministros de Interior (con José Antonio Alonso) y de Defensa (con Alonso y Carme Chacón).