Dependientes en espera

Si la atención a sus mayores y miembros más débiles constituye uno de los indicadores más fiables de la salud moral de una sociedad, la parsimonia y falta de diligencia con que la mayoría de las autonomías están aplicando la Ley de Dependencia no las sitúa en buen lugar. La ley de Dependencia es una norma estatal impulsada desde el Gobierno y aprobada en 2006 por amplia mayoría. Pero su aplicación y gestión corresponden a las administraciones autonómicas, con la colaboración de los ayuntamientos. Su financiación depende en lo sustancial de la Administración central, con aportaciones de las autonomías y de los propios beneficiarios.

Sin embargo, la ley de más aliento social de los últimos lustros está creando un profundo clima de frustración. No es admisible que la burocracia o falta de entendimiento entre administraciones obstaculicen la prestación de ayudas previstas por la ley a personas cuya atención debería constituir una prioridad de los responsables públicos. Por razones de justicia, pero también de utilización racional de los recursos. Cuando tanto se discute sobre la selección de inversiones con futuro, capaces de generar dinámicas rentables social y económicamente, es una prioridad llenar el hueco detectado en el mercado laboral en relación al cuidado de ancianos y otras personas dependientes. Del desarrollo de la ley, el Gobierno esperaba la creación de 300.000 empleos.

En los dos años largos de vigencia de la norma el Ejecutivo ha presupuestado casi 2.500 millones de euros para los grandes dependientes, los primeros en ser evaluados. Pero al margen de que sea o no suficiente la cantidad, el problema es que las autonomías no aportan la necesaria información sobre la prestación solicitada. Es lógico que el Gobierno comience a preocuparse por la opacidad y falta de transparencia de la gestión y exija garantías de que la ayuda se destina a una prestación y persona concretas.

Y es lógico también que comiencen a proliferar las plataformas de afectados y las iniciativas jurídicas ante el retraso de meses y el silencio administrativo negativo que, como es el caso de la Comunidad Valenciana y de Madrid, dificulta todavía más la vía de las reclamaciones. En el caso de Madrid, el escándalo orquestado hace cuatro años a cuenta de las sedaciones de enfermos terminales ha sido compatible con la insensibilidad y pasividad administrativas ante la suerte de miles de dependientes, en su mayoría ancianos en el último tramo de su vida, que esperan ser evaluados o que, tras haberlo sido, siguen sin recibir las prestaciones acordadas mediante resolución administrativa.

No basta que la administración autonómica evalúe al dependiente y le reconozca la prestación si luego tarda meses en hacerla efectiva. En muchos casos ese reconocimiento de derechos es meramente teórico: no ha lugar a aplicarlo si el beneficiario ha fallecido. Es una forma de actuar que, cuando menos, debería dar lugar a algún tipo de responsabilidades.