Derecho a no fumar

La decisión de reformar la ley antitabaco ya está tomada, en palabras de la ministra de Sanidad, y su principal mandato será prohibir fumar en cualquier lugar público cerrado. El cambio tendrá lugar en el mismo año en que la UE ha puesto fin a sus ayudas al cultivo del tabaco y cuando la subida del impuesto especial ya ha elevado su precio, lo que se considera un factor esencial para frenar el tabaquismo entre los jóvenes.

La ministra de Sanidad pretende obtener la unanimidad parlamentaria para sacar adelante el proyecto, pero el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, mano derecha de Esperanza Aguirre, ya se ha manifestado en contra por el perjuicio que el endurecimiento de la ley supondría para la hostelería y ha reclamado la "libertad de elección" del ciudadano para rechazar la prohibición general que se propone.

De acuerdo con esa libertad que se esgrime cabe preguntarse dónde queda la de los no fumadores, que son el 68,5% de la población mayor de 16 años, cuando entran a un bar o un restaurante, pues, dado el extendido incumplimiento de la ley, muy alentado por algunos políticos autonómicos del PP, nuestros establecimientos hosteleros son en su mayoría lugares con aire tan contaminado que en ocasiones molesta incluso a los que fuman.

La ley antitabaco vigente perseguía dos objetivos: reducir el consumo y defender la salud de los no fumadores. Las estadísticas sanitarias achacan al tabaquismo la muerte prematura de 50.000 españoles cada año, de los cuales unos 1.500 son no fumadores, víctimas del humo ajeno. A ello habría que añadir todas las enfermedades asociadas al consumo del tabaco.

El primer objetivo no se ha logrado. Lejos de disminuir, en España ha aumentado la tasa de fumadores: del 29,5% de los mayores de 16 años en 2006 al 31,5%. Es difícil saber si el fracaso se debe a la ley o justamente a su falta de seguimiento. Baste recordar que apenas el 1% de los establecimientos hosteleros han levantado barreras entre zonas de fumadores y no fumadores o han declarado sus locales libres de humo. También es aventurado predecir si endurecer la norma obtendría un éxito mayor.

El segundo objetivo, la defensa del no fumador, ha logrado mejores resultados, especialmente en los centros de trabajo (siempre y cuando no se dediquen a la hostelería). Una nueva ley con un mandato único y claro estará más acorde con las directrices europeas (que piden además seguir elevando el precio del tabaco a través de los impuestos), responderá mejor al deseo mayoritario de la ciudadanía y será más fácil de cumplir en bares y restaurantes porque también será más sencillo que los consumidores detecten su vulneración. Esa reforma, en tales términos, defenderá en definitiva con más eficacia la salud y, desde luego, la libertad de elección de los ciudadanos.