Desarrollo estatutario

El desarrollo del Estatuto catalán y del esquema de financiación autonómica en él diseñado es un asunto de gran complejidad. Políticamente, porque su agitada gestación levantó recelos aún no superados. Y porque supone una profundización autonómica de sesgo cuasi federal que resulta muy impactante para administraciones, partidos y colectivos que no la han interiorizado. Administrativamente, porque se trata de una ley compleja, que admite distintas lecturas. Pero esas dificultades no eximen de la necesidad de asumir el reto; explican, a lo sumo, algunos obstáculos del camino, no el retraso del proceso.

Sobre la financiación, el texto obligaba a que en un máximo de dos años desde su entrada en vigor (esto es, el próximo 9 de agosto) se alcanzara un acuerdo que desarrollase sus principios. Sólo poco antes, el 21 de julio, Hacienda publicó su posición, con un primer documento. Pero éste no cumplía el requisito de concretar la ley estatutaria, sino que resultaba menos detallada que ésta. Es cierto que la dinámica al mismo tiempo bilateral (Generalitat/Gobierno) y multilateral (con todas las comunidades autónomas) propia del modelo complica más las cosas. Y también que al tratarse de un asunto clave del funcionamiento del Estado autonómico haya que huir de las prisas injustificadas. Pero dos años es un periodo suficiente como para que el primer resultado público no deba ser la vuelta al punto de partida.

El Gobierno rechaza el punto central de la propuesta catalana de financiación -la solidaridad entre autonomías limitada a determinadas áreas- y la Generalitat, a través incluso de su presidente, José Montilla, ha advertido de que no atender sus demandas provocaría un distanciamiento de Cataluña. Es necesario disolver el choque que se avecina. Cataluña debe tener en cuenta que la financiación autonómica se regula también a través de una ley estatal para todas las comunidades. Muchas de ellas, legítimamente, no aceptan el planteamiento de la Generalitat. La política con mayúsculas y la responsabilidad de quienes la ejercen es más necesaria que nunca.

Otro tanto sucede con la negociación sobre los traspasos. Los dos principales son el de Cercanías, prometido por el presidente Zapatero para el pasado 1 de enero, pero que sigue en el limbo, y el de la Inspección de Trabajo, fijado para junio del año próximo. Los acuerdos alcanzados la semana pasada versan sobre competencias tan menores (licencias para chiringuitos de playa, homologación de títulos no universitarios...) que suscitan la ironía. Es un balance menos que exiguo. Para mejorarlo, el Gobierno debe acreditar que se cree el Estatuto. Y la Generalitat debe sortear cualquier canto de sirena radical. Nunca el PSOE y el PSC habían tenido mejor oportunidad de encauzar un problema tan difícil. Si se equivocan, ellos y la cohesión de este país pagarán una alta factura.