Diputaciones y gasto público
Siempre que se plantea la reducción del gasto público estoy atento para ver si alguien, por fin, se acuerda de las diputaciones provinciales. Esta institución ha tenido durante muchos años un papel importante como ayuda técnica administrativa y económica para miles de ayuntamientos con presupuestos escasos, que eran incapaces de prestar los servicios mínimos a sus ciudadanos.
Sin embargo, con la creación de las autonomías y el gran incremento presupuestario que han experimentado los ayuntamientos, estas dos administraciones, la municipal y la autonómica, están en disposición de asumir todas las competencias que han venido desempeñando las diputaciones.
La única explicación para esa duplicación de administraciones es el mantenimiento de una parcela de poder de la que no están dispuestos a prescindir los partidos políticos. Es un anacronismo tan evidente que sorprende que a nadie se le ocurra pensar en las diputaciones cuando se trata de reducir el gasto público. No sería necesario prescindir del personal, que se podría recolocar en ayuntamientos o comunidades autónomas. El ahorro vendría de todos los sueldos de diputados y asesores más gastos de funcionamiento.
Este ahorro sería considerable y, sobre todo, daría un poco más de credibilidad a los partidos, si prescinden de una parcela de poder a cambio del interés general.
