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Tribuna
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Opino que..., pero no des mi nombre

Soledad Gallego-Díaz

Caso primero: "Ha habido guerristas que han acogido con desconfianza las palabras de González en Bruselas. Guerra no aceptará, según ellos, estar en una dirección para salvarse a sí misrno".Caso segundo: "Fuentes cercanas al banco, que prefieren permanecer en el anonimato, opinan que J. P. Morgan se opondrá con toda probabilidad a la operación acordeón que baraja el equipo del nuevo presidente".

Son párrafos publicados en EL PAÍS en días pasados. Están ustedes tan acostumbrados a leer en la prensa española opiniones atribuidas a fuentes anónimas que probablemente ya no les llama la atención. Sin embargo, deberían estar atentos. Es algo que los periódicos solventes tienen que desterrar por completo de sus páginas.

El Libro de estilo de EL PAÍS es tajante al respecto: "Hay que evitar el recurso de disimular como fuentes informativas aquellas que sólo aportan opiniones. En este supuesto, deberá identificarse. a la persona consultada. En otro caso no resulta interesante conocer una opinión si no se sabe quién la avala".

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Es importante que no se confunda opinión e información. El secreto de la fuente cuando se trata de información, en el sentido de hechos que pueden ser comprobados por otros medios, es básico para el trabajo de los periodistas y para la libertad de información.

Difícilmente un funcionario de un ministerio o un empleado de una empresa privada facilitarán informaciones relevantes relacionadas con su trabajo si piensan que serán identificados, entre otros motivos porque pueden incluso ser sancionados o despedidos. El periodista está obligado en ese caso a mantener el anonimato de su informador, incluso ante los tribunales de justicia.

Así se establece, por ejemplo, en el Estatuto de la Redacción del diario EL PAÍS: "La protección de las fuentes informativas constituye una garantía del derecho de los lectores a recibir una información libre y una salvaguardia del trabajo profesional. ( ... ) Ningún redactor ni colaborador podrá ser obligado a revelar sus fuentes. ( ... ) La sociedad editora amparará con todos los medios a su alcance el ejercicio del secreto profesional ante los tribunales de justicia o cualesquiera organismos o autoridades".

La importancia de este principio es resaltada también por el Comité de Redacción de EL PAÍS: "Hay ámbitos importantísimos, desde el punto de vista informativo, donde ocultar la fuente es una necesidad imperiosa si se quiere obtener información: el Ministerio del Interior, el de Defensa o las entidades financieras, por ejemplo, suelen ser cajas blindadas donde sólo la confidencialidad permite que el periodista trabaje".

Pero el secreto de la fuente informativa se confunde muchas veces con el supuesto derecho de una persona a dar una opinión y exigir a continuación que no se publique su nombre.

. Los periodistas aceptamos muchas veces reproducir esas opiniones anónimas, sobre todo cuando la fuente es un personaje relevante que nos merece crédito. Y no debería ser así" porque ustedes, los lectores, tienen tanto derecho como el periodista a decidir si esa opinión les merece también crédito o no, según quien la manifiesta.

La defensora del lector ha pedido al director ad unto Javier Valenzuela que estuviera pendiente de este problema y que lo analizara también para ustedes.

"En las páginas de EL PAIS", advierte Valenzuela, "se publican muchas informaciones atribuidas, por ejemplo, a 'dirigentes renovadores del PSOE' o 'miembros del actual equipo directivo de Banesto'. Si el periodista tiene confianza en su fuente por pasadas experiencias, si la información es importante y si está contrastada, como mandan los cánones, la cosa tiene un pase. Lo que no lo tiene es cuando no se cumplen los requisitos precedentes o cuando lo que se reproduce es una mera opinión del informante".

"La inquietud de la defensora del lector, que comparto", prosigue el director adjunto, "me ha llevado a abrir un debate en el seno de la Redacción, y en particular en las áreas de información política y económica".

"Como conclusión de las discusiones que he sostenido con los redactores jefes podrían sentarse dos principios", explica Javier Valenzuela. "El primero es reducir al mínimo las citas entrecomilladas atribuidas a fuentes anónimas. Si el periodista ha recogido material informativo de ese tipo de fuentes, debe reelaborarlo de un modo que quede claro que es él, el periodista, el que lo cuenta tras una investigación exhaustiva realizada en medios solventes. En estos casos, el periodista debe ser el que da la cara y el que se responsabiliza de su propia credibilidad profesional y de la de sus fuentes".

"El otro principio", añade Valenzuela, "es que no hay que usar nunca citas entrecomilladas cuando no se trate de hechos, sino de opiniones expresadas por fuentes anónimas. Máxime cuando esas opiniones son ofensivas para terceros. No es de recibo que en este periódico ni en ningún otro se puedan leer cosas del tipo: "Fulano de Tal es un mal ministro', afirmó ayer una persona que no quiso ser identificada". "Si esa persona no quiere mojarse, que se guarde sus opiniones. Y si las da, que las escuche el periodista, pero que no las reproduzca".

Así que ya saben ustedes. EL PAÍS tiene el compromiso de no reproducir opiniones de fuentes anónimas. Si aun así encuentran ustedes algún caso, sepan que no debieron publicarse y que tienen razón si dudan de su credibilidad.

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