Silencio fiscal, también en la democracia
TODO PARECE indicar que la publicación de las listas de contribuyentes españoles quedará nuevamente vedada, esta vez en el texto del proyecto de ley del impuesto sobre la renta de las personas fisicas, al haber alcanzado los miembros de la ponencia parlamentanía consen so unánime sobre el carácter secreto de los datos de los contribuyentes.Publicar o no las popularmente denominadas listas de Hacienda es, por encima de todo, una decisión política. Los argumentos a favor y en contra se acumulan en pareja cuantía y puede decirse que el fiel de la balanza debe inclinarse en último término en función de las presentes circunstancias, cuando un nuevo orden fiscal, basado en la transparencia, pretende implantarse. No hay, en sí mismas, razones económicas suficientes como para afirmar o negar la idoneidad de que todos los españoles puedan saber quiénes tributan y en qué cuantía.
El consenso se ha alcanzado en sentido negativo, al parecer en función del razonamiento según el cual una publicidad total de las listas facilitaría la exigencia de los denominados impuestos revolucionarios por parte de organizaciones extremistas, como es el caso concreto de ETA. El argumento, absolutamente original, se derrumba por sí mismo: las relaciones de contribuyentes han sido hasta ahora secretas, y los impuestos se vienen exigiendo por la coacción y la amenaza desde años en Euskadi.
Ninguna Administración es lo suficientemente eficaz como para implantar un sistema fiscal sin el concurso de los propios sujetos a los que va dirigido. Teniendo en cuenta que defraudar a Hacienda es todavía deporte nacional por excelencia, podría coadyuvar a incrementar la conciencia fiscal del ciudadano comprobar que todos, empezando por los poderosos, inician el camino de la honesta veracidad. Más que grandilocuentes declaraciones, el ciudadano desea palpar tangiblemente que la transformación afecta a todas lascapas sociales para creer que es ya hora de renovar su conciencia fiscal.
Tal y como estamos, más de uno va a creer que sus señorías han alcanzado tan rápidamente el consenso en el tema -olvidando de modo total sus promesas electorales- por temor a que se desvelen sus ingresos, incluidos los de algunos diputados de la izquierda.
En definitiva: las listas deben poder ser publicadas.
