Contra ETA, política

Las bombas de ETA en Ondarroa y Vitoria buscaban objetivos diferentes, pero igualmente delirantes. La brutal explosión en Ondarroa pretendía matar el mayor número posible de ertzainas, como pone de manifiesto la táctica primitiva de lanzar cócteles molotov contra la comisaría para atraer a los agentes al exterior en el momento de la explosión. La suerte hizo que el atentado se saldara con sólo 10 heridos. El coche bomba de Vitoria, que dañó la sede central de Caja Vital, respondía a la pueril pretensión de advertir y castigar a la caja alavesa por su rechazo a la fusión de las cajas vascas. ETA no se ahorra ningún disparate criminal, aunque sea tan burdo como intervenir con explosivos en operaciones corporativas.

Los atentados de ayer deberían reforzar algunas ideas básicas en la política antiterrorista. En contra de lo que piensa el consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, quien declaró el viernes que las ilegalizaciones del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK) y Acción Nacionalista Vasca (ANV) "no favorecen la lucha antiterrorista", hay que insistir en que no debe tolerarse la presencia de los brazos políticos de ETA en las instituciones. La táctica política más inteligente consiste en estimular a las agrupaciones políticas identificadas con la llamada izquierda abertzale a que rompan definitivamente con las prácticas terroristas y se desliguen de sus vinculaciones con ETA. Si no se les expulsa legalmente de las instituciones, no tienen motivos para cortar vínculos y dependencias con la banda terrorista.

ETA atacó a la Erzaintza para castigar al PNV. Esta ilógica febril tendría que ser un motivo de seria reflexión para el nacionalismo vasco y un acicate para abandonar las explicaciones políticas del terrorismo. Ayudaría mucho que el PNV dejara el discurso de que la violencia en Euskadi procede de un conflicto político. Las instituciones democráticas viven a diario conflictos políticos. En ninguno de ellos la violencia es la solución. Esta idea distorsionada inspira muchas iniciativas políticas de los nacionalistas vascos; el referéndum de Ibarretxe, por ejemplo. Aunque ese conflicto existiera, sólo puede resolverse por procedimientos democráticos y tasados por las leyes.

La misma idea de reforzar los patrones políticos democráticos frente al terror lleva a pedir al PP que abandone prácticas políticas de confrontación en el vacío y construya ese anunciado frente común anti-ETA. Un ejemplo de esas prácticas estériles es su tendencia a buscar confrontaciones a cuenta de decisiones pasadas. Que ANV y PCTV debieran haber sido ilegalizados antes no puede ser motivo de gresca permanente con el Gobierno, la fiscalía o los tribunales de justicia. Lo sensato es que los partidos políticos articulen procedimientos para evitar que grupos como los ilegalizados se acomoden en las instituciones. Ésta es una vía más eficaz que la bronca para acabar con ETA y sus crímenes.