Emisiones sin control

El cumplimiento del Protocolo de Kioto en España ofrece motivos abundantes para la decepción. En primer lugar, porque se ha fracasado en el objetivo de limitar el crecimiento de emisiones de CO2, el dióxido de carbono responsable en gran parte del efecto invernadero. Las estadísticas indican que la economía española emite un 50% más de CO2 que en 1990, cuando según el protocolo sólo debe aumentar las emisiones en el 15% sobre aquella fecha. Pero es que la distribución del aumento de emisiones facilitada por el Ministerio de Medio Ambiente revela que siete comunidades autónomas -Andalucía, La Rioja, Madrid, Canarias, Valencia, Murcia y Baleares- presentan aumentos de CO2 muy por encima de la media, superiores al 75%. La conclusión inmediata es que buena parte del crecimiento, centrado en el mercado inmobiliario en torno a la costa, se ha conseguido gracias a un consumo energético inmoderado y contaminante.

A la vista de la decepcionante ejecutoria de Kioto en España, cabe preguntarse si la raíz del fracaso no hay que buscarla en el voluntarismo de la Administración central, siempre dispuesta a invocar y a regañar, pero casi nunca a imponer, frente a una cierta despreocupación legal y administrativa de las comunidades autónomas. Ni el Gobierno ha sabido articular política e incentivos para reducir la emisión de gases nocivos ni las autoridades autonómicas parecen proclives a colaborar con el Gobierno en esta materia, en parte porque se quejan de que no existen directivas claras que puedan aplicarse de forma tajante, en parte porque el control de emisiones requiere inspecciones costosas y en parte porque no quieren sufrir la imputación, falsa pero muy efectiva, de que el control de las emisiones compromete el crecimiento regional.

Si el Gobierno central y las Administraciones autonómicas quieren enfrentarse seriamente al problema de Kioto tienen que ser conscientes, en primer lugar, de que, además de las invocaciones de rigor, deben adoptarse políticas muy estrictas de control energético e imponer medidas muy concretas que tienen costes políticos y económicos elevados. Hay que recordar que falta un programa de ahorro energético, un debate sobre la energía nuclear -menos contaminante que el carbón o el petróleo- y un plan de reforma del transporte que traslade parte de la oferta desde la carretera al ferrocarril. Estas políticas están olvidadas o aplazadas por motivos inexplicados.

Pero además de las grandes políticas, el problema del CO2 exige decisiones de detalle. Por ejemplo, endurecer todavía más los estándares de emisión de los automóviles. O considerar de una vez por todas los costes y la oportunidad de limitar el tráfico por el centro de las ciudades y la velocidad de conducción en zonas urbanas. Éstas son las medidas que calibrarán el grado de compromiso político con el control de las emisiones. Hasta ahora casi todo ha sido retórica.