España es viable

El choque de grandilocuencias nacionalistas en torno al futuro del Estado autonómico produce un discurso falso y estéril. Ni España está "en estado de disolución", ni se arrastra "al límite del Estado constitucionalmente fallido", ni mucho menos es "inviable" o "marginal", como pretende el ex presidente del Gobierno José María Aznar. El PP cometería un grave error si incorpora ese discurso a su praxis política, como se insinúa en el Congreso "popular" de Sevilla. Porque la realidad política e histórica es justamente la contraria. El único modelo inviable sería un Estado sin autonomías. En la historia de España, autonomía territorial y democracia parlamentaria son dos caras de la misma moneda. Como lo son centralismo y dictadura.

Por similares motivos, tienen que archivarse los excesos verbales del nacionalismo catalán conservador. No hay una "embestida" de España contra Cataluña, como pretende el portavoz de la Generalitat, ni una loapa en ciernes, ni una cruzada recentralizadora. La elección como presidente del Tribunal Constitucional del candidato más autonomista o el estreno del régimen plurilingüístico en el Senado dicen lo contrario. Sobran las amenazas de Artur Mas sobre un "punto sin retorno" en las relaciones entre Cataluña y el resto del Estado o las de Duran i Lleida: "si Cataluña se va a pique, España también". No hay, por tanto, ningún motivo real, político o jurídico para replantear el Estado de las autonomías, cuya impronta es irreversible, dado su anclaje en la ciudadanía.

La discusión necesaria es decidir cómo un Estado compuesto y complejo debe asegurar la máxima funcionalidad en la toma de decisiones durante la actual crisis. ¿Cómo tienen que cumplir las distintas Administraciones los deberes de austeridad acordados, que no dictados, por la UE? Pues con responsabilidad y respeto a las normas. El Gobierno ha recorrido un largo trecho en la reducción de su déficit. Las autonomías deben acompañarle mejor en esa tarea. El Gobierno no puede ni debe renunciar a su función de celador de la deuda externa. Debe prohibir ese recurso a quienes se excedan en el déficit. Pero debe también cumplir su compromiso de dotar a las autonomías con el Fondo de Competitividad.

Las normas existentes hoy son en general suficientes. Pero conviene mejorar y ampliar la cooperación. Había que aumentar la frecuencia de las reuniones del Consejo de Política Fiscal y replantear la función del Senado. Hay disfunciones en el gasto autonómico que solo pueden resolver con eficacia la concertación y las presiones de la opinión pública y el mercado, como sucedió con el gasto sanitario. La vía del decreto abriría la del filibusterismo. También por acuerdo político cabría repensar el ritmo en el descenso del déficit autonómico: pasar de un objetivo del 2,4% en 2010 a otro del 1,3% en 2011, un recorte de casi la mitad, parece poco realista si no se cercenan el gasto sanitario y educativo a niveles socialmente digeribles.