Espanto en campaña

En su estrategia de arrebañar votos en los caladeros sociales más sensibles o indefensos ante los problemas de la seguridad ciudadana, el Partido Popular busca temas de fuerte impacto emocional, sin retroceder ante el riesgo de manipulación de asuntos especialmente delicados. Hace unos días anunció medidas sobre la inmigración que sólo sirven para añadir nuevos obstáculos a la inmigración legal sin suponer ninguno para la irregular; ahora acaba de anunciarlas en relación a los menores que delinquen.

El candidato del PP propone aplicar la Ley Penal del Menor a los niños de 12 y 13 años; que los menores que cumplen condena por delitos de especial gravedad en centros de internamiento sean trasladados obligatoriamente a centros penitenciarios de adultos cuando cumplan 18 años -hoy es una decisión del juez de menores- y que se aumente una vez más las penas de internamiento, fijadas hoy en un máximo de 10 años.

La táctica de Rajoy consiste en ofrecer soluciones para problemas en gran parte inventados. No porque no exista delincuencia juvenil, sino porque los delitos de especial gravedad que justificarían esas reformas no dejan de ser excepcionales, aunque periódicamente provoquen alarma. La excepcionalidad no puede ser un factor que condicione hasta los extremos que quiere el líder del PP para la aplicación de una ley que debe funcionar en la generalidad de los casos. Los delitos habituales de los menores de entre 12 y 14 años, hurtos sobre todo, no justifican ni una modificación de la ley ni mucho menos una rebaja tan peligrosa del concepto de infancia. Lo razonable habría sido proponer más medios para evitarlos. No estamos, además, ante una avalancha de delitos graves sino ante la instrumentalización de la delincuencia juvenil para sustentar el mensaje de inflexibilidad y autoridad que pretende transmitir el PP sobre la delincuencia en general.

La Ley Penal del Menor, en vigor desde 2001, es obra sobre todo del PP. Lo lamentable no es que haya dejado de gustarle, sino que las propuestas de Rajoy, muy propias del rigorismo penal de la última etapa de Aznar, no mejoran la ley y pueden frustrar a los ciudadanos que ingenuamente hayan puesto sus esperanzas en ellas. Tienen, además, poco sentido apenas transcurrido un año de una reforma de cierto calado de la Ley Penal del Menor, aconsejada por las carencias observadas en sus primeros cinco años de aplicación, sobre todo la insuficiente respuesta punitiva a crímenes tan espantosos como la muerte de una estudiante a manos de dos compañeras de estudios en San Fernando (Cádiz) y el asesinato y violación de la adolescente Sandra Palo en Madrid. Esa reciente reforma ha supuesto un ajuste adecuado no sólo a la especial gravedad de algunos delitos sino a la deriva actual de la delincuencia juvenil hacia el pandillismo. ¿Qué sentido tiene, entonces, la propuesta de Rajoy? Sólo el de arañar votos en el mercado de las emociones.