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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Espiral de quiebra

La justicia debe cerciorarse de que Ruiz-Mateos afronta sus responsabilidades en Nueva Rumasa

A medida que se van conociendo detalles sobre el deterioro económico y financiero de Nueva Rumasa se aprecia con mayor nitidez que José María Ruiz-Mateos y su familia habían construido un grupo empresarial siguiendo las mismas pautas viciadas que condenaron a la vieja Rumasa a la expropiación en 1983 para evitar daños mayores a los accionistas minoritarios y a los empleados. La ruina de la Nueva Rumasa es algo más que una hipótesis; los créditos morosos del grupo ascienden ya a 161 millones de euros, el 22,6% del total de créditos que tiene concedidos. La ruina acecha al grupo empresarial en una espiral implacable: los proveedores responden a los impagos cortando el suministro de primeras materias, lo que a su vez amenaza con cierres de las plantas productivas y minimiza las posibilidades de recuperar ingresos y generar caja.

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Pero la crisis de Nueva Rumasa no es un caso más de dificultades momentáneas causadas por la recesión económica. La Rumasa de 1983 contravenía peligrosamente las normas de prudencia financiera y de gestión. Ruiz-Mateos sostuvo un holding empresarial con prácticas muy próximas al engaño financiero (pagarés y solicitudes de capital a cambio de altas remuneraciones utilizadas para pagar las deudas vencidas, un sistema que se aproxima al llamado fraude piramidal) y la Nueva Rumasa está cimentada sobre los mismos desafueros. La única diferencia entre ambas es que el grupo que ahora se tambalea no está conectado a una estructura bancaria. Pero el papel de las entidades de crédito lo jugaba en esta ocasión Clesa, la mayor empresa del conglomerado.

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No se entiende cómo el responsable de un fiasco empresarial y financiero de la magnitud de la antigua Rumasa ha podido conseguir financiación bancaria para construir de nuevo un castillo de naipes que amenaza con derrumbarse llevándose por delante más de 9.000 puestos de trabajo; ni es fácil imaginar por qué algunos inversores han acudido a suscribir sus pagarés o ampliaciones de capital, como si no existiese el precedente de 1983. Ni las entidades financieras ni los suscriptores podrán decir que no estaban advertidos, por la CNMV y por los ostentosos precedentes de un empresario ofuscado; las deudas que no cobren o el dinero que no recuperen será el pago de la negligencia.

Pero mientras se decide el futuro del grupo, es imprescindible que la justicia investigue la trama de la Nueva Rumasa y aclare, en lo posible, la red de intereses, transferencias y préstamos cruzados que contaminan las 160 empresas del grupo. La responsabilidad de esta quiebra es de Ruiz-Mateos y su familia; los tribunales deben asegurarse de que esas responsabilidades se cumplen. Es muy probable además que el empresario supermán dé rienda suelta a interpretaciones paranoicas (conjuras bancarias, presiones políticas); nadie debería alentarlas ni seguirlas. La catástrofe de la vieja Rumasa debería ser vacuna suficiente contra grotescas cortinas de humo.

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