Estímulos al empleo
La máxima prioridad de la concertación social en estos momentos debería ser atenuar los efectos sobre el empleo de la crisis financiera y el parón del crecimiento. El número de parados ha llegado a 2,6 millones de personas y las previsiones del FMI apuntan a una tasa de paro el año próximo del 14%, equivalente a 3,2 millones de parados. Parece lógico activar un conjunto de medidas que contengan la marea del desempleo y, al mismo tiempo, garanticen una cobertura social adecuada a los despedidos por esta crisis.
El viernes pasado, después de una reunión de la mesa de diálogo social, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, anunció un acuerdo para "acelerar el diálogo social y las ayudas a la banca", con el fin de que se restablezca el crédito y se eviten cierres de empresas que necesitan liquidez. El ministro de Industria, por su parte, ha convocado para este lunes a los agentes sociales para impulsar el sector de empresas de servicios energéticos como motores de la creación de empleo. Los líderes de los sindicatos se negaron a acudir. "No es momento de fotos, sino de un plan de trabajo", señalaron. Es un aviso para el Gobierno de que la paz social requiere más políticas que gestos.
No hay nada que oponer a que se estimule la creación de empleos en el medio ambiente o las energías renovables; tampoco a que aumente del 40% al 60% la cantidad que un parado puede capitalizar de su prestación para montar una empresa. Pero el esfuerzo más inmediato debería centrarse en evitar que cierren empresas viables afectadas por la sequía crediticia. A este respecto, las dos ideas que puede manejar el Gobierno son que se permita a las empresas que lo necesiten un aplazamiento en los pagos de las cotizaciones sociales y evaluar la necesidad de ayudas directas para el descuento de papel comercial. Y, además, cumplir con el compromiso de acelerar la inversión en obra pública e infraestructuras.
