Excelencia universitaria

La nueva Ley Orgánica de Universidades (LOU), aprobada con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios excepto el Partido Popular, entra en vigor cuando se pone en marcha el Espacio Europeo de Universidades, que abre nuevas posibilidades a la movilidad de profesores, estudiantes y titulados. Es de esperar que estimule la competitividad entre las universidades para lograr la excelencia docente e investigadora.

La LOU no es una norma que pretenda regular todos los aspectos de la actividad universitaria y asegurar, por su simple aplicación, la excelencia buscada y la desaparición de vicios seculares en nuestras instituciones de enseñanza superior. Introduce una lógica distinta: aumenta hasta grados considerados peligrosos por muchos la autonomía de las universidades en cuestiones básicas de su funcionamiento. E impone principios de evaluación académica, tanto de las universidades en su conjunto como de centros y profesores, que tendrán efectos sobre su financiación. Se busca de esta forma que sean capaces de competir entre sí y con otras universidades europeas.

Un ejemplo de esta lógica es la selección del profesorado. En un intento de atajar el fenómeno de la endogamia, la ley aprobada por el Partido Popular en diciembre de 2001 introdujo la prueba de habilitación nacional. Sin embargo, su estructura de oposición ha limitado el número de posibles habilitados en función de las plazas que las universidades deciden cubrir y no del número de candidatos con nivel suficiente, lo que resulta en una desproporcionada movilización de recursos por plaza habilitada y un notable bloqueo en los procesos de incorporación de titulares y catedráticos a las universidades. La propuesta de la LOU es una acreditación por parte de una comisión de expertos de ámbito nacional, basándose en el currículum y la documentación presentada por los candidatos, de que éstos tienen nivel suficiente para optar a las plazas que las universidades saquen, sin pruebas que le confieran el carácter de oposición y sin límite de acreditados. Se verá cómo responden las universidades, si persistiendo en el localismo y condenándose a la mediocridad o, por ejemplo, estableciendo mecanismos de elección que incorporen académicos de prestigio de fuera de las propias universidades o de otros países.

El mismo grado de autonomía tendrán en la elección de las autoridades académicas, en la configuración de sus planes de estudios, en los medios que ponen para fomentar la investigación de calidad o en la organización de la transferencia de conocimiento al sector productivo. Las más de setenta universidades españolas no pueden pretender abarcar todas las ramas del conocimiento con solvencia; ha llegado el momento de establecer estrategias adaptadas a las fortalezas internas y al entorno de cada cual para ser alguien a escala europea en alguna disciplina o rama de investigación.