Expediente Lukoil

El intento de entrada de la petrolera rusa Lukoil en el capital de Repsol se ha convertido, como suele pasar en las operaciones empresariales estratégicas, en una riña política estridente. Con el transcurso de los días, la operación ha entrado en una fase letárgica, que se explica en parte por la rectificación de los entusiasmos iniciales del Gobierno y en parte por las dificultades evidentes de financiar casi 9.000 millones de euros.

Se cierre o no finalmente la subrogación a Lukoil de la deuda de Sacyr por el 20% del capital de Repsol más la compra de otro 9,9% del capital, el mercado energético español ha mostrado una vez más la extremada debilidad de sus estructuras accionariales, que convierte a las empresas en objetivo fácil para cualquier inversor extranjero. Y el Gobierno ha dado muestras otra vez, como en el por tantas razones penoso caso de Endesa, de falta de criterio e incapacidad de actuar con rapidez y discreción para cortar un problema en la primera petrolera española.

La irrupción de Lukoil es difícil de explicar en términos corporativos y financieros. Ya es discutible que el accionista Sacyr pretenda obtener el doble del precio de mercado. No sólo porque los accionistas minoritarios sientan que se lesionan sus derechos, sino porque da pie a preguntarse qué obtiene Lukoil por la puerta de atrás cuando por la puerta principal paga más de lo que debe -eso sí, con deuda- y, en teoría, se aviene a una representación política de sólo el 10%.

Lukoil es una pésima solución para Repsol por varias razones. Supone un factor de riesgo para el principal criterio de la política energética española, que es la garantía de suministro de petróleo y gas, puesto que, por más que se llame privada, responde directamente a los intereses del Gobierno ruso. Y éstos pueden chocar hoy, mañana o pasado con los intereses del Gobierno español. Pero es que la empresa rusa tampoco es una garantía de estabilidad accionarial para Repsol. Su reputación financiera es discutible y su gestión económica e industrial más bien deficiente. Su permanencia en el accionariado de Repsol sería, en el mejor de los casos, tan volátil como la de Sacyr.

Se deduce fácilmente que el Gobierno español no debería haberse expuesto al caso Lukoil. No es cierto que sea la única opción disponible; en el peor de los casos, podría haberse negociado una solución transitoria en la que los bancos acreedores tomasen el capital a cambio de una salida ventajosa pactada en el momento de encontrarse un comprador. Ahora, los agobios de Sacyr, la torpeza del Gobierno, las prisas inexplicadas de otros accionistas y la histeria de la oposición han enturbiado el expediente Lukoil. El primer paso para aclararlo obliga a poner en claro si el Gobierno tiene algún compromiso con Sacyr. Y si se puede hacer sin recurrir a una comisión de investigación, en la que se corre el riesgo de montar un alboroto político que enturbie todavía más el caso, mejor que mejor.