Facturas dolorosas

Las consecuencias de la crisis económica se están dejando sentir de forma pesada en las cuentas públicas, en las empresas y en la renta de los ciudadanos. Vienen de lejos la pérdida de poder adquisitivo que ha supuesto el aumento de los precios; o la subida de los tipos de interés, que redujo la renta familiar por el aumento del coste de los créditos y las hipotecas. El Euríbor sigue subiendo, a pesar del anuncio de un recorte de tipos a fecha fija realizado por el BCE junto con otros seis bancos centrales. Además, en los últimos meses se aprecia un aumento de las operaciones de empeño en el monte de piedad o la huida de los pequeños ahorradores hacia la inversión en oro.

Las últimas y significativas señales de que la desaceleración económica hace mella en la vida cotidiana son dos decisiones políticas que ilustran la importancia de tomar determinaciones templadas en tiempos de crisis. El Ministerio de Trabajo ha recortado un 35% el número de trabajadores que las empresas pueden contratar en el exterior para ocupaciones de difícil cobertura; y la Comunidad de Madrid, sin previo aviso, ha reducido un 30% la aportación pública para gastos corrientes a seis universidades; gastos que se dedican casi en su integridad a pagar las nóminas de los profesores. Las dos medidas definen el daño que produce una fase casi recesiva de la economía, aunque no son de la misma naturaleza ni tienen la misma justificación.

La política inmigratoria guarda relación con los cambios de ciclo. En épocas de prosperidad la afluencia de trabajadores extranjeros equilibra el mercado laboral, pero en épocas depresivas produce una acumulación de paro y, con frecuencia, de marginación. El recorte en el catálogo de empleo exterior es una señal económica de que la oferta de trabajo está hundida; muchos de los inmigrantes que trabajaban en la construcción o en los servicios ahora están en paro. Sus derechos laborales deben ser respetados, pero es un hecho que la economía española ha perdido capacidad para absorber empleo exterior.

En cambio, el recorte del gasto en las universidades madrileñas parece una decisión atolondrada. La educación, como la seguridad o la sanidad, tiene carácter de derecho prioritario; no rige en ellos la distinción formalista entre inversión y gasto corriente. Tan importante es construir una escuela o un hospital como sufragar su funcionamiento. Por añadidura, invertir en educación es un requisito necesario no sólo para salir de la crisis, sino también para hacerlo de forma que estimule el cambio de modelo de crecimiento.

Los daños de la crisis se están trasladando además al sector industrial y al comercio. Baste observar los recortes en el sector del automóvil o la profunda reconversión en el textil. La perspectiva para los próximos trimestres es más paro y menos rentas públicas y privadas. Es el momento de que en las decisiones políticas se sepa distinguir entre lo que es prescindible de lo que es necesario. Como la educación.