Falso arrepentimiento

La fiscalía se querelló el 10 de junio contra el entonces presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, y otros cuatro directivos de esta institución por los delitos continuados de falsedad documental y apropiación indebida por importe de 2,3 millones de euros, al que luego ha añadido el de malversación de caudales públicos. Ayer, al cabo de más de cuatro meses, el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Juli Solaz, tomó al fin declaración como imputados a Millet y su brazo derecho, Jordi Montull, que hace un mes confesaron por escrito haber sustraído 3,3 millones de euros del Orfeó Català, la centenaria asociación musical que tiene su sede en el Palau. Ni las evidencias palmarias de los delitos cometidos -que ya elevan la estafa a más de 10 millones- ni las alegaciones del fiscal y las acusaciones particulares, que pidieron prisión para los imputados, hicieron mella en el juez, que los ha dejado libres, con cargos pero sin fianza. Eso sí, les ha prohibido abandonar el país y les ha ordenado entregar los pasaportes.

En el ánimo del instructor ha pesado más el escrito de autoinculpación de Millet y Montull, en el que, a fin de eludir la prisión preventiva, declararon su arrepentimiento y el propósito de colaborar con la justicia para reparar el daño infligido a las arcas del Palau. Una declaración que, sin embargo, presenta más sombras que luces. Primero, porque los imputados ampliaron en un millón de euros la magnitud del fraude no precisamente por contrición espontánea, sino tras saber que la auditoría ordenada por los nuevos gestores de la institución había detectado irregularidades no recogidas en la querella de julio. Segundo, porque exculparon a los familiares que trabajaban a sus órdenes, algunos en puestos directivos. Y tercero, porque Millet declaró haber destinado parte de los fondos a pagar "comisiones" para lograr las ayudas públicas y privadas de las que se nutría el Orfeó, pero ayer se negó a desvelar los nombres de los comisionistas con el turbio argumento de que no quería comprometerlos.

Que el pecador reconozca el pecado pero encubra a sus cómplices no parece un ejemplo modélico de cómo cooperar con la justicia. Máxime cuando ya se ha conocido que pagó al menos 72.000 euros al hoy dirigente de Convergència Democràtica Àngel Colom, y también que entregó 540.000 euros a una fundación ligada a este mismo partido a cuenta de unos convenios que no estaba autorizado a firmar. Ni el juez ni el fiscal preguntaron ayer por estos hechos.

En los delitos económicos, la Ley de Enjuiciamiento Criminal autoriza al juez a decretar la prisión preventiva del imputado para conjurar el riesgo de fuga o el de la destrucción de pruebas. Los acusados cumplen ambos requisitos: está demostrado que disponen de cuentas en el extranjero, y podrían estar tentados a alcanzar acuerdos de protección mutua con los beneficiarios de las comisiones cuyas identidades prefieren ocultar.