Foto forzada

La reunión de ayer en un hotel de San Sebastián entre sendas delegaciones del PSE y la ilegalizada Batasuna resulta un ejemplo depurado de las tensiones diversas y a veces contradictorias que afloran en el ensayo iniciado por el Gobierno para poner fin a la violencia de ETA. La estudiada frialdad del encuentro denota lo forzado de la gestación de esa foto, reclamada por la izquierda abertzale para superar el momento crítico que atravesó el proceso a finales de mayo.

Pero la escenificación de la cita, casi propia de la diplomacia de la guerra fría, así como las valoraciones hechas por Patxi López y Arnaldo Otegi, revelan también la visión divergente que de ese proceso tienen ambas partes. Para los socialistas, el objetivo es acelerar la desaparición de ETA -un sangriento anacronismo en la Europa del siglo XXI- sin pagar un precio político y dentro de los márgenes de la ley. El propósito de Otegi y los suyos es intentar transformar en una victoria política la derrota del terrorismo y dar sentido a su absoluta falta de justificación.

Es comprensible que un encuentro público entre las cúpulas del PSE y de un grupo situado al margen de la ley sea objeto de controversia. Máxime cuando los socialistas vascos sostuvieron en el pasado que no se verían con Batasuna mientras fuera ilegal. Sin embargo, el derecho a discrepar de ese gesto, o a valorarlo como una concesión, no debe conducir a la infamia de dudar de la intención con que se hizo, ni, aún menos, convertirlo en una suerte de increíble rendición a ETA. Más allá de toda desmesura, a la presidenta del PP vasco, María San Gil, debió traicionarla el subconsciente cuando comparó la reunión de ayer con la que mantuvieron Franco y Hitler en Hendaya. Especialmente, después de la falta de adhesión de su partido a la condena al régimen franquista en el Parlamento Europeo. No deja de ser chocante que el partido que se presenta más beligerante contra el terrorismo sea a la vez el más dispuesto a concederle victorias gratuitas por actuaciones del Gobierno con las que se puede estar o no de acuerdo, pero que sólo desde el prejuicio más grosero cabe considerar como peajes cobrados al Estado de derecho.

Con el anuncio de Zapatero del inicio del diálogo del Gobierno con ETA para su desarme y con la cita política de ayer, el llamado proceso entra en un periodo de mayor transparencia, y los deberes pasan al terreno de la organización terrorista y de su brazo político. Otegi ha calificado de "históricas" ambas iniciativas, pero sólo ha tomado de ellas la lectura que le ha interesado. Sabe, sin embargo, que el tiempo apremia sobre todo a la izquierda abertzale, si quiere concurrir a las próximas elecciones municipales. Y sabe también que no habrá una segunda foto mientras no presente en la ventanilla del Ministerio de Interior los estatutos de una nueva formación política que cumpla los requisitos democráticos de la Ley de Partidos. A ese momento, cuando se desmarque sin ambages de la violencia y ETA anuncie su disolución, sí podrá aplicársele con propiedad el calificativo de "histórico".