Frenar los excesos

Esta larga crisis tuvo su origen en malas prácticas de bancos y supervisores financieros. A medida que se extendía el contagio desde el mercado hipotecario estadounidense se revelaban anomalías que iban más allá de una insuficiente gestión de riesgos, no sólo en aquel país, sino en otros sistemas financieros. Los gobiernos de la mayoría de los países de la OCDE están destinando mucho dinero de los contribuyentes para paliar algunas de las más graves consecuencias de aquellos errores. En EE UU y Reino Unido las autoridades se vieron obligadas a nacionalizar una parte considerable de activos bancarios y de compañías de seguros.

Mientras, las remuneraciones de algunos banqueros seguían rozando la obscenidad. En algunos casos, los responsables de entidades que habían recibido fondos públicos abonaban a sus directivos compensaciones extraordinarias. Más de dos años después, el desempleo ha alcanzado en la mayoría de las economías tasas con pocos precedentes, que están empujando el déficit y la deuda pública a niveles muy elevados. El funcionamiento de los mercados de crédito en muchos países está lejos de estar normalizado.

Ante un cuadro tal, es razonable que las autoridades británicas, estadounidenses e incluso las francesas, entre otras, intenten limitar, sobre todo mediante impuestos relativamente elevados, la cuantía efectiva de esas remuneraciones excepcionales. Hasta el más importante lobby bancario del mundo, el Institute of International Finance, con sede en Washington, ha comprendido esas reacciones y se ha limitado a sugerir cierta coordinación entre los principales reguladores del mundo en la definición de esos límites cuantitativos sobre las primas y los sobresueldos de los directivos.

Controlar esas compensaciones es lo mínimo que puede hacerse si la propia industria de servicios financieros quiere volver a disponer de la legitimidad necesaria. Esas limitaciones han de formar parte de esas otras decisiones reguladoras tendentes a fortalecer el control de un tipo de entidades que con sus errores pueden sacrificar el bienestar de millones de personas en todo el mundo. Harían bien todos los reguladores no sólo en apoyar esta iniciativa, sino en trabajar para evitar todo tipo de prácticas distantes del juego limpio en el sector bajo su supervisión. Y hacerlo con la misma insistencia con que algunos de ellos reclaman ahora reformas laborales o reducción del gasto público.