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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Frente municipal

Los ayuntamientos temen salir perjudicados por la mejora de la financiación autonómica

La partida presupuestaria destinada a la financiación de los más de 8.000 municipios españoles se reducirá en 2009. Ello se ha conocido días después de que el ministro de Economía garantizase que mejorará la financiación de todas las comunidades autónomas, y un mes después de que anunciase lo mismo para los ayuntamientos. Al Gobierno se le abre un nuevo frente transversal.

A finales de julio, el ministerio presentó una propuesta de bases para la nueva financiación local cuyos principios esenciales eran que habría más dinero sobre la mesa, en función de los aumentos de población, mayor autonomía financiera y garantía de que ninguna corporación perdería. Será por la incidencia de la crisis, pero, de momento, la aportación directa del Estado, que supone aproximadamente un tercio de los ingresos de los ayuntamientos, se reduce en unos 700 millones: una rebaja del 0,6% respecto a 2008.

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Economía argumenta que en la práctica no habrá reducción, puesto que en 2009 se pagará la liquidación de las cuentas de 2007. Es la diferencia entre la cantidad adelantada como participación en los ingresos fiscales previstos para ese año y la que resulta de la recaudación efectiva, que fue mayor. Esa forma de calcular no convence a los alcaldes, algunos de los cuales, como el socialista de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, han llamado a crear un frente municipal para evitar que el incremento prometido a las autonomías se produzca a costa de los municipios. El PP ya ha convocado a sus representantes en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para organizar la oposición a ese recorte, exigiendo la presencia de los ayuntamientos en la negociación de la financiación autonómica.

Llama la atención que siendo los mismos partidos los que se reparten el poder municipal y los que gobiernan en las autonomías, los Gobiernos de estas últimas tengan una capacidad de presión sobre el Gobierno central mucho mayor. Hace años que políticos y expertos reconocen que los ayuntamientos son la cenicienta de la financiación pública. En los Estados europeos de corte federal, los ayuntamientos gestionan en torno al 25% del gasto público, y las entidades federadas el 30%; aquí, los recursos de las autonomías casi triplican a los de los municipios.

Frente a los sucesivos aplazamientos de lo que hace algunos años se denominó "segunda descentralización", la FEMP presentó en junio una especie de libro blanco en el que marcaba la pauta de la reforma de la financiación local. Entre ellas, la participación en los impuestos autonómicos. Detrás de ese planteamiento está el problema de la financiación de las llamadas competencias impropias, que asumen de hecho los ayuntamientos en materias como vivienda, violencia de género, ancianos, etcétera, cuya titularidad es autonómica. El presidente de la FEMP, el socialista Pedro Castro, propuso ayer pactar este año la cantidad destinada a ese capítulo, pero aceptando que su pago se aplace hasta 2010.

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