Fuera de la ley

El Consejo de Ministros formalizó el viernes la decisión política de poner en marcha el proceso de ilegalización de ANV y el PCTV, formaciones para las que pidió el voto la ilegal Batasuna en las anteriores elecciones locales y autonómicas, respectivamente. La decisión sobre la ilegalización corresponde al Tribunal Supremo, pero la de instar esa ilegalización es competencia del Gobierno. Podía haberla adoptado antes o después, por razones políticas; pero es una burda simplificación, como hace el PP, identificar esas razones con intereses electoralistas.

El Gobierno aduce que antes carecía de pruebas "contundentes" de la relación entre esos partidos y Batasuna. Había indicios obvios para todo el mundo, pero es defendible el argumento de que las pruebas documentales principales no se obtuvieron hasta hace poco: tras el descubrimiento de una trama de financiación común, incluyendo los sueldos de los dirigentes principales de Batasuna, a raíz de la detención de la mayoría de éstos, en octubre pasado. Una iniciativa anterior tal vez hubiera abocado a un proceso fallido por insuficiencia probatoria.

Pero también es defendible que la decisión política de instar o no la ilegalización en un momento u otro ha estado condicionada por la expectativa de un final pactado del terrorismo abierta por los años sin muertos que precedieron a la declaración de alto el fuego. Es algo hipócrita considerar que ese factor no debió ser tenido en cuenta. Hoy parece evidente que el Gobierno sobrevaloró la disposición de Otegi y compañía, pero no estaba tan claro en las elecciones autonómicas de 2005, por ejemplo. Esa hipocresía se ha visto favorecida en todo caso por la incapacidad del Gobierno para rendir cuentas tras el fracaso del intento.

Pero una vez cerrada la expectativa de final dialogado, no hay ningún motivo para no tomar las decisiones que la ley permita para evitar la presencia en las instituciones de partidos integrados en una trama de la que forma parte una banda terrorista. El nacionalismo vasco gobernante alega que la ilegalización no contribuye a acercar el fin de ETA; aunque así fuera, habría que considerar también el efecto de no hacer nada: de reconocer, como hace el PNV, la supeditación de Batasuna y marcas sustitutorias a la banda, y aceptar que participen en pie de igualdad en la competición política.

Ese nacionalismo aspira a recoger, como en 2001, una parte de los votos de las formaciones ilegalizadas, pero para ello necesita acreditar su oposición a dicha ilegalización. De ahí su incoherente postura, que parece dirigida, más que a deslegitimar al mundo de ETA, como proponía Imaz, a desacreditar a quienes se oponen a la impunidad de ese mundo. Incluyendo muy particularmente al poder judicial, sometido estos días, como ayer se vio en la manifestación de Bilbao contra la condena de Atutxa, a una presión desde la calle incompatible con las reglas de juego y la tradición democrática del PNV.