Funcionarios, pocos y baratos

Los empleados públicos no somos apreciados socialmente. En el imaginario colectivo aparecemos como trabajadores privilegiados y poco disciplinados. Por eso se habló muy poco de nosotros en la campaña electoral, y tal vez por eso España es el país europeo que menos gasta porcentualmente en empleo público.

Se acepta, como artículo de fe, que al reducir las prestaciones públicas aparecerán nuevas oportunidades de negocios privados que dinamizarán el mercado de bienes y servicios, con lo que, supuestamente, salimos ganado todos, al ajustar los precios y discriminar las prestaciones ofrecidas a cada ciudadano-cliente.

La idea de "externalizar" la Administración parece coherente con las rebajas fiscales ofertadas de manera continuada por unos y otros, pero olvida una cuestión central: si la democracia española quiere ser de calidad debe garantizar el acceso universal a determinados servicios y prestaciones básicos e irrenunciables, muchos de los cuales no tienen precio competitivo en el mercado. Exige un servicio público eficaz, pero también suficiente, es decir, un incremento muy importante de la oferta de empleo público y una selección de personal respetuosa con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Estas últimas necesidades se olvidaron en la huelga de Justicia, y también en el acuerdo político firmado con los máximos responsables sindicales, en aras de una subida salarial, que es pan para hoy y hambre para mañana.