Contra Gadafi

La comunidad internacional no puede permanecer pasiva por más tiempo ante la desigual guerra civil en la que se han convertido las protestas contra Muamar el Gadafi. El sátrapa que gobierna Libia desde 1969 está empleando contra la población una maquinaria militar sostenida por los ingresos del petróleo, que siguen afluyendo con normalidad hasta las arcas de quien, en pocos días, ha sumado al título de decano de las dictaduras africanas la condición de criminal de guerra, conquistada sobre el sufrimiento de sus propios compatriotas.

El cambiante desarrollo del conflicto abierto entre el Ejército y los opositores a Gadafi está ocultando lo que de verdad ocurre sobre el terreno. Ante la parálisis y la desconcertada retórica internacional, el tirano está recurriendo a la aviación y la artillería para arrasar las ciudades que han escapado a su control bajo el empuje de unas milicias de fortuna, reclutadas entre los mismos que, en un principio, reclamaron pacíficamente sus derechos.

Que la abierta intervención militar internacional esté descartada de momento, puesto que empañaría la legitimidad de la revuelta popular, comprometiendo el futuro político del país, no equivale a mantener una actitud pasiva. Aun en el supuesto de que Gadafi consiguiera reconquistar el territorio y mantenerse en el poder, la comunidad internacional no podría conformarse con semejante situación de escarnio. Es preciso, por ello, reconocer cuanto antes al Consejo Nacional libio, el órgano creado por los opositores a Gadafi para gobernar en las ciudades arrebatadas a su control. Si el Consejo fracasara, esta decisión sería el preludio del ostracismo internacional que debería abatirse sobre quien está dispuesto a convertir su país en un inmenso cementerio para mantenerse en el poder; pero si triunfa el Consejo, no solo habrá sido la posición moralmente correcta, sino también la más acertada políticamente.

El reconocimiento enviaría un inequívoco mensaje de apoyo a quienes combaten al dictador al precio de su vida y, además, establecería la base jurídica internacional para detener el flujo de los ingresos por petróleo con el que Gadafi está cometiendo este nuevo crimen. No hacerlo, es tanto como contribuir a la financiación de la masacre. El coronel libio debe saber que las reservas energéticas que maneja a su antojo nunca volverán a ser la palanca de su aceptación en la comunidad civilizada.

El Consejo de Seguridad tendría que contemplar con urgencia la posibilidad de establecer una zona de exclusión aérea sobre Libia, de acuerdo con los mecanismos previstos en la Carta de la ONU. Su papel protector para los sublevados es insustituible en estos momentos, cuando las principales potencias recelan entre ellas de las ventajas que podría suponer para unas u otras la adopción de una política firme contra Gadafi, que incluya el reconocimiento del Gobierno provisional libio y el embargo de los ingresos del petróleo.