Garzón en la diana

El Partido Popular ha prescindido del respeto a las instituciones en su intento de buscar una respuesta política al sumario sobre corrupción en Madrid y Valencia que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, y que en breve pasará a los respectivos Tribunales Superiores por la presunta implicación de personas aforadas. Los populares tienen todo el derecho a discrepar de las resoluciones del magistrado y a hacer valer sus puntos de vista por las vías establecidas en las normas procesales, pero éstas no incluyen una querella por prevaricación como instrumento de chantaje. Porque eso es, exactamente, lo que ha pretendido el PP al exigir que Garzón se inhibiera de la causa antes del pasado lunes.

Si los populares estiman que el juez ha prevaricado al instruir los casos de corrupción que les afectan, su obligación es ir a los tribunales y presentar una querella sin vincular esta iniciativa a ningún plazo. Otra cosa es que prospere: como bien saben los dirigentes del PP, corresponde al instructor la decisión última sobre el momento procesal para inhibirse y la jurisprudencia ha reconocido, incluso, la posibilidad de que pueda seguir investigando aunque haya dado traslado del sumario al tribunal superior. Cualquier presión política sobre los jueces, como la llevada a cabo durante los últimos días por el PP sobre Garzón, supone un atentado contra el equilibrio y la colaboración que deben regir las relaciones entre poderes del Estado.

Ese mismo mensaje es el que ha hecho llegar con excesiva timidez y generalidad en los argumentos la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial a su vicepresidente, Fernando de Rosa, quien avaló en unas declaraciones públicas la exigencia de que Garzón se inhibiese cuanto antes, además de esparcir la sospecha de la prevaricación. Aunque más tarde matizó en un escrito que las había realizado a título personal (sorprende que un vicepresidente del Poder Judicial pueda realizar declaraciones "a título personal" en un canal de televisión), el pleno del órgano de gobierno de los jueces podría volver sobre el asunto en su próxima reunión. El protagonismo asumido por De Rosa, ex consejero de Justicia de la Generalitat valenciana bajo un Gobierno del PP, demuestra que las acusaciones de los populares contra Garzón no responden a la voluntad de reforzar el Estado de derecho evitando las pasarelas personales entre poderes, sino al simple oportunismo: cuanto dicen del magistrado de la Audiencia Nacional y su antigua relación con los socialistas resultaría de estricta aplicación a De Rosa, aunque referida a los populares.

Cargar desde un partido contra el juez que instruye un sumario por corrupción no puede formar parte del abanico de respuestas aceptables en un Estado de derecho. No sólo es incompatible con el respeto a la independencia judicial; es, además, un error político que se acaba pagando tarde o temprano.