Garzón señala a Camps

El auto del juez Garzón, por el que se inhibe en favor del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana para que prosiga las investigaciones sobre la trama de corrupción liderada por Francisco Correa, señala la existencia de indicios de delitos de cohecho, tráfico de influencias y facturas falsas contra dirigentes del PP en esa comunidad, incluido el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y su número dos, el diputado regional y secretario general del partido, Ricardo Costa. En otro auto el juez se inhibe también en favor del Tribunal Superior de Madrid tras encontrar indicios contra tres aforados, pero retiene en cambio la parte de la causa en la que aparecen señalados otros alcaldes, además de los ya conocidos.

El PP ha intentado explicar el caso Correa y sus derivados como una trama urdida en su contra, de la que formaría parte, entre otros agentes políticos e institucionales, la propia Fiscalía Anticorrupción. Esta institución requirió recientemente al juez Garzón para que desistiera de elevar por el momento el caso al Tribunal Supremo, por considerar insuficientes los indicios existentes contra dirigentes nacionales, como el tesorero del partido, Luis Bárcenas. Ello fue acogido en las filas del partido de Rajoy con alivio.

El alivio ha sido efímero. El auto de ayer señala la existencia de una relación directa entre la red de Correa y dirigentes del PP que habrían recibido sobornos para obtener contratos. La parte más chusca del asunto es la relativa al pago en especies, en concreto trajes a medida, para Camps y otros dirigentes por importe de unos 30.000 euros para favorecer adjudicaciones por valor de unos cuatro millones de euros.

El dictamen de la Fiscalía Anticorrupción aligera, al menos por el momento, la carga que pesa sobre el PP nacional, aunque no descarta la validez de los indicios de delito que afectan a aforados nacionales, que deberá investigarse más y remitirse al Tribunal Supremo en caso de que quedaran plenamente confirmados. La cuestión ahora es si Garzón considera que esos indicios tienen ya entidad suficiente para remitirlos al Supremo y que sea este tribunal quien los valore, algo no descartable.

En el auto de inhibición a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Garzón ya apunta por dos veces que los hechos atribuidos a Camps y a los otros implicados podrían ser competencia del Tribunal Supremo por haberse cometido fuera del ámbito de esa comunidad. El juez instructor puede tomar esa iniciativa, incluso contra la opinión del fiscal. Lo que hay que pedir a Garzón, si lo hace, es que sea de forma razonada y fundada. Ya lo hizo en el caso de los GAL, aunque no de la forma suficientemente razonada y fundada que cabía esperar si se atiende a los resultados. El instructor nombrado entonces por el Supremo desestimó los indicios contra varios aforados, entre ellos Felipe González. En aquel momento Garzón fue un héroe para el PP y poco menos que un villano para el PSOE.