Gerontocracia judicial en Estados Unidos

Cuando Judith S. Kaye se retiró de su cargo como juez en jefe del Tribunal de Apelaciones del Estado de Nueva York acababa de cumplir 70 años de edad y 25 de servicio a la judicatura. Durante su mandato, esta mujer formidable había convertido a Nueva York en la primera jurisdicción de su país -es decir, del mundo- para solucionar conflictos contractuales entre empresas, uno de esos logros caracterizados por la discreción de lo perdurable. Como el resto de sus colegas, había sido nombrada por el gobernador y confirmada por el Senado estatal para un mandato de 14 años, que fue renovado. Retirada, que no jubilada, la incansable señora Kaye trabaja ahora para Skadden-Arps, uno de los grandes despachos de abogados de Estados Unidos.

En cambio, el panorama que ofrecen los jueces de los tribunales inferiores de Nueva York es sombrío: elegidos también por 14 años, los candidatos están al albur de las organizaciones locales de los partidos -Demócrata y Republicano-, los cuales se rascan mutuamente las espaldas antes de ponerse de acuerdo sobre los seleccionados. Poco edificante, pero constitucional, según decidió el Tribunal Supremo federal el pasado año.

Cada uno de los 50 Estados de la Unión tiene su propio sistema de designación de jueces. Predomina la elección, aunque para los escalones superiores de la judicatura muchos Estados aplican sistemas parecidos al neoyorquino. Así, California deja que el gobernador nombre a los jueces de su Tribunal Supremo, con un mandato de 12 años, pero permite al electorado echarlos a la calle si las sentencias disgustan, algo que votantes airados han hecho más de una vez con jueces vistos como demasiado blandos con la pena de muerte.

Otros Estados importantes, como Texas, aún atan más corto a sus jueces teóricamente supremos a quienes eligen directamente por sólo seis años. No se asombren si luego los magistrados tejanos deciden más en función de sus probabilidades de reelección que en las de acierto sobre la interpretación razonada de la ley. De ello se trata.

Además de la preocupación constante por quedar bien con los electores, están las influencias: los grupos de intereses intentan lo que pueden y más por hacerse valer, por apoyar a tales o cuales candidatos, enviándoles señales sobre lo que se espera de ellos. La más inequívoca es el dinero, la contribución a la campaña electoral del candidato. Este año, el escándalo se ha encarnado en Brent Benjamin, un magistrado del Tribunal Supremo de Virginia Occidental, quien votó impávido a favor de la revocación de una sentencia que había condenado a Massey Energy, una empresa minera, a pagar una indemnización de 50 millones de dólares. Años antes, en 2004, una Massey ya envuelta en el pleito de marras había contribuido a la campaña de Benjamin con tres millones de dólares. Pese a ello, el pertinaz juez se resistió a retirarse del caso hasta que, por fin, ha tenido que terciar el Tribunal Supremo federal para recordarle que "del mismo modo que nadie puede ser juez de su propia causa, razones similares de miedo a la parcialidad pueden concurrir cuando un hombre elige a quien será el juez de su causa" (Caperton v. Massey).

En Virginia Occidental, los jueces de su Tribunal Supremo también se eligen directamente por los votantes, para un mandato de 12 años, tras campañas de un partidismo sonrojante. Casos así dan en qué pensar: abolir las elecciones a jueces es posiblemente una buena idea, pero requiere cambiar las Constituciones de los Estados, algo muy difícil de conseguir.

Más allá de la organización de la Justicia en cada uno de los 50 Estados, está el sistema paralelo de la justicia federal, cuyos integrantes son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado de los Estados Unidos, pero -y esto es lo más importante- con mandato vitalicio.

En la cúspide del sistema, están los nueve magistrados del Tribunal Supremo federal, una combinación de Tribunal Supremo y Constitucional. Sus miembros gozan de un poder y una independencia inauditos en cualquier otro lugar del mundo. Sólo los tumban sus genes, su estilo de vida o el clima de Washington. ¿Está eso bien?

Ya no, de ninguna manera. El sistema federal de jueces vitalicios se diseñó para una época en la cual la gente que había conseguido sobrevivir a las infecciones y evitar el cólico miserere se moría, más o menos, a la edad bíblica de los 70 años. Hoy, cáncer aparte, podemos durar hasta los 90 o más, y yo, que ya tengo nietos, creo que cada generación tiene derecho a un cambio hasta de jueces. Por lo menos: el poder casi siempre abusa pero, sobre todo, hastía.

El actual presidente del Tribunal Supremo federal estadounidense, John Roberts (1955), nombrado en 2005 por Bush hijo, tiene ahora 54 años de edad: bien conservado, podría seguir en su cargo otros 30 años más. Esto no puede ser sano. E igual ocurrirá con Sonia Sotomayor (1953), recientemente nombrada por Obama y pendiente de confirmación por el Senado.

De hecho, aunque los medios de información, siempre monótonos, resaltan casi exclusivamente los perfiles étnicos e ideológicos de los designados -Roberts es caucásico y conservador; Sotomayor, latina y progresista-, el rasgo más destacado de ambos, además de su extraordinaria formación y gran experiencia, es la edad: están para quedarse, pues han sido designados para continuar en el Tribunal décadas después de que los presidentes que les pusieron en él hayan cesado. La combinación de la juventud relativa de los jueces con la naturaleza vitalicia de su función es explosiva. Aburrirán a mis nietos.

Un remedio razonable podría ser seguir el ejemplo del más alto tribunal de Nueva York y mantener el nombramiento al presidente, con confirmación del Senado, pero limitar los mandatos a 15 años. Tres lustros son suficientes para permitir que los jueces realmente listos vuelen con independencia de criterio por encima de quienes les ungieron y para que el Tribunal se vaya renovando generacionalmente. Mas Obama nunca hará tal cosa: en un Tribunal Supremo federal con mayoría conservadora, como el actual, Sotomayor sustituirá a otro magistrado liberal y no alterará los equilibrios políticos. Éste es un cambio que, dada la edad de los demás magistrados, el presidente normalmente sólo podría conseguir si ganara un segundo mandato en 2012. Se comprende, pues, que, hoy por hoy, el presidente pretenda rellenar con candidatos a su gusto los huecos que la ley suprema de la vida vaya dejando en el Tribunal. Ya habrá tiempo para reformas de estadista.

¿Quiénes se van a ir? No quiero ser pájaro de mal agüero, pero la gracia de un analista es contar las cosas antes de que sucedan y dejar así al lector con armas letales en la mano: John Paul Stevens (1920), progresista nombrado por un presidente republicano, lleva casi 34 años en el Tribunal, cumplirá 90 en diciembre y prestaría un servicio claro a su país si resolviera retirarse de una vez. Ruth Bader Ginsburg (1933), designada por Clinton y coautora del primer casebook feminista de la historia, está desde hace 16 años, también podría querer irse, pues su salud es notoriamente frágil, pero a esta mujer no la apodan La Magnolia de Acero por capricho. Y quedan otros tres magistrados con más de 70 años cumplidos, aunque -prevengo- en los Estados Unidos de América, la jubilación forzosa es discriminación por razón de edad y está pésimamente vista. En todo caso, el buen ejemplo lo ha dado David Souter (1939), juez de una integridad marmórea, nombrado por Bush padre hace 19 años y que, el pasado abril, anunció que se retiraría al final de este año judicial para volver a su amado New Hampshire. El clima terrible de Washington es un factor, desde luego, pero lo fundamental es que América cuenta con muchos jueces excepcionales. Como David Souter y Judith Kaye.