Golpes bajos

El debate entre los tres principales candidatos a la alcaldía de Madrid, íntegramente retransmitido por Televisión Española el pasado miércoles en una desconexión regional, ha servido para constatar que la crispación entre los dos principales partidos ha alcanzado límites difícilmente superables. No se trata ya de que cualquier asunto político, por sensible que resulte, pueda ser objeto de confrontación, sino de que, incluso, la vida privada de los candidatos se utilice como arma electoral arrojadiza. Eso es lo que hizo el candidato socialista a la alcaldía madrileña, Miguel Sebastián, cuando preguntó al actual regidor y aspirante del PP, Alberto Ruiz-Gallardón, si mantenía alguna relación con imputados en la Operación Malaya, al mismo tiempo que exhibía la fotografía de la abogada Montserrat Corulla, presunto testaferro de Juan Antonio Roca en la capital, y hoy en libertad bajo fianza. Roca, ex asesor de Urbanismo de Marbella, se encuentra en prisión como presunto cerebro de la trama de corrupción en la localidad malagueña.

La interpelación de Sebastián a Gallardón permite advertir hasta qué punto las formas son decisivas en democracia, y más aún durante una campaña electoral. Al abordar a través de insinuaciones una cuestión de relevancia política, como es la posibilidad de que la corrupción de la trama marbellí tuviese ramificaciones en Madrid, el candidato socialista sirvió en bandeja la posibilidad de que Gallardón se amparase en el principio irreprochable del respeto a su intimidad. No es ningún detalle sobre la vida privada de Gallardón lo que los madrileños tienen derecho a conocer antes de votar, sino toda la información sobre su comportamiento como alcalde, ya sea en relación con determinados inmuebles de la capital vinculados a la investigación de Marbella o con cualquier otro asunto.

Los socialistas acusaron ayer a Gallardón de haber dado trato de favor a una imputada de la Operación Malaya. El alcalde, a través de su vicealcalde, Manuel Cobo, aportó documentos que desarmaron la denuncia. Más allá de la bronca partidista, lo cierto es que, de lo conocido hasta ahora del sumario del caso Marbella, nada permite aventurar la existencia de un trato de favor del Ayuntamiento de Madrid a los negocios de Roca en la capital. Es al juez Torres, que investiga desde hace un año la corrupción en Marbella, a quien corresponde dirimir este tipo de cuestiones. Los partidos políticos no pueden despachar tan graves acusaciones por la vía de la insinuación gratuita.

Después de la insistencia con la que se han pedido desde diversos ámbitos los debates políticos preelectorales, no era éste el espectáculo que esperaban ni se merecían los ciudadanos. El propio Sebastián padeció, por parte del PP en el caso Conthe, el acoso de las acusaciones sin pruebas. Tan sólo cabe esperar que su iniciativa no desencadene una espiral de golpes bajos entre candidatos ni una incontenible irrupción de la crónica rosa en la política.