Golpismo blando
El nuevo aplazamiento -esta vez hasta septiembre- fijado por el presidente del Congreso para cubrir las cuatro plazas del Constitucional pendientes desde hace nueve meses deja otra vez con las vergüenzas al aire a la Cámara de los Diputados. De añadidura, el incumplimiento de los deberes impuestos al Parlamento por la Constitución o por las leyes orgánicas afecta también a otras tres instituciones: el Defensor del Pueblo (con más de un año de retraso), el Tribunal de Cuentas (pendiente desde noviembre) y la mitad del Consejo de RTVE (aplazado el pasado diciembre). La dimisión como presidente de RTVE de Alberto Oliart, provocada por las sucias emboscadas de carácter partidista y gremial tendidas a su irreprochable comportamiento, incorpora estos días un nuevo renglón a las tareas pendientes.
El PP pretende llevar a la próxima legislatura la renovación del Constitucional y de otros órganos estatales
Los precedentes más inmediatos de esa meditada estrategia de la dilación son más que alarmantes: tres años de demora en la última renovación del Constitucional correspondiente al Senado y dos años para el nombramiento del actual Consejo General del Poder Judicial por ambas Cámaras. La responsabilidad última de esos intolerables incumplimientos recae sobre las direcciones nacionales de los dos grandes partidos de ámbito estatal; las mayorías cualificadas requeridas para esos nombramientos han exigido hasta ahora la conformidad de los grupos parlamentarios del PSOE y del PP, siempre obedientes a las instrucciones recibidas desde arriba. La maliciosa confusión de la voluntad del Parlamento en tanto que institución con los acuerdos entre partidos como organizaciones de profesionales del poder dispuestos a proteger sus intereses corporativos es uno de los falseamientos de la democracia representativa que el Movimiento 15-M denuncia. Dado que ni el poder ejecutivo ni el poder judicial disponen de instrumentos para forzar al poder legislativo a cumplir con su deber de renovar a tiempo los órganos constitucionales, tales retrasos podrían derivar hacia una variante del golpismo blando si las instituciones afectadas dejasen de funcionar por falta de miembros o de quórum.
Las maniobras de aplazamiento de las designaciones planeadas ahora por el PP son de corto vuelo, pero de largo alcance. La candidatura imposible del magistrado Enrique López para el Constitucional promovida por los populares no es sino el cimbel de la cacería. En realidad se trata de congelar las plazas sin cubrir hasta que concluya esta legislatura con la esperanza de que las elecciones cambien la relación de fuerzas en el Parlamento a favor del PP. Si los socialistas obtuviesen por encima de 140 diputados, dispondrían de una minoría de bloqueo y podrían devolver a los populares la tarjeta de visita cuando las renovaciones exijan los 3/5 de la Cámara, con el riesgo de seguir paralizando así los órganos afectados. Pero si el PSOE quedara por debajo de ese tope, el PP trataría de prescindir de los escaños socialistas y buscar apoyos en los grupos minoritarios.
