Guerra privatizada
La suspensión temporal decretada por el Gobierno iraquí de las actividades de la empresa de seguridad estadounidense Blackwater, que protege a los diplomáticos de Estados Unidos, supone un severo revés para la estrategia de Washington en Irak. Sin estos mercenarios, de los que puede haber hasta unos 50.000 en dicho país, Estados Unidos no podría seguir adelante con un conflicto en el que combaten 160.000 soldados profesionales, a menudo desmoralizados al ver que los contratados cobran hasta 1.000 dólares al día, mucho más de lo que ellos perciben.
La decisión del Gobierno iraquí llega después de un enfrentamiento entre un grupo de insurgentes y hombres de Blackwater que protegían el traslado de un destacamento diplomático norteamericano. Blackwater mandó refuerzos, incluidos helicópteros, que causaron la muerte de al menos 11 civiles iraquíes. No fue el primer incidente de este tipo. Estas fuerzas operan al margen de la ley, porque Estados Unidos tuvo buen cuidado de dotarles de inmunidad ante la justicia local cuando entregó el poder a un Gobierno iraquí. Los soldados regulares, por el contrario, están sometidos al derecho internacional de guerra. La Administración estadounidense impone unas normas militares propias a estas empresas, pero Blackwater fue contratada por el Departamento de Estado y no por el Pentágono, lo que le permitió eludirlas.
Pese a todo, sobre Blackwater pesa una amenaza mucho mayor. La Fiscalía de Carolina del Norte, donde tiene su sede dicha compañía de seguridad, investiga el envío a Irak sin autorización de armamento ligero que ha podido caer en manos de la insurgencia. De otro lado, hay una divergencia indiscutible entre Bagdad y la Embajada norteamericana, puesto que mientras que la segunda parece que va a esperar a que concluya la investigación del Gobierno iraquí sobre Blackwater antes de decidir si prescinde o no de sus servicios, el poder formal iraquí podría pedir hasta la rescisión de la orden que hace inmunes e impunes a los mercenarios. La suspensión, en cualquier caso, puede abrir la vía a la retirada de otras empresas o a más ataques de los insurgentes, que han puesto al descubierto un flanco débil, Es urgente dar marcha atrás y regular a la baja y a escala internacional este nuevo mercenariado que privatiza la guerra.
