Domingo, 12/7/2009, 22:03 h
España02/04/2008
El error judicial que permitió a Santiago del Valle, presunto asesino de la pequeña Mari Luz Cortés, seguir en libertad tras la condena por abusos sexuales a su propia hija es de tal calibre que ningún poder del Estado puede dejar de sentirse concernido. El presidente del Gobierno y el ministro de Justicia estaban obligados, incluso si no se lo hubiera pedido el padre de la niña, a dar garantías de que se "llegará al fondo" en la investigación de la cadena de errores que precedieron a su asesinato. Y no menos obligado a ello estaba el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco J. Hernando, de quien depende directamente la inspección de los jueces y en buena medida el normal funcionamiento de juzgados y tribunales.
Que el conjunto de poderes e instituciones del Estado se sientan interpelados no puede llevar, sin embargo, a una dilución de responsabilidades, de modo que todo quede en una especie de Fuenteovejuna en el que por ser todos culpables en abstracto, nadie lo sea concretamente. Pero sí hay personas e instituciones responsables de graves errores judiciales.
La Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial decidió extender la investigación al magistrado que tardó casi tres años en redactar la sentencia que condenó al presunto asesino de Mari Luz por abusos sexuales a su hija, y no sólo al titular del juzgado que no la ejecutó. Es sobre todo en el ámbito del sistema judicial donde deben buscarse los responsables directos del desaguisado, más allá de los discursos recurrentes sobre la falta de medios en la justicia.
Lo que se echa en falta en la cadena de errores que lleva a que Santiago del Valle siga en libertad tras su condena es la más elemental diligencia y atención a sus obligaciones por parte de los jueces intervinientes en el proceso. Y roza la desfachatez que el juez encargado de hacer ejecutar la condena contra Del Valle pretenda derivar la culpabilidad de su negligencia hacia una funcionaria en baja laboral, olvidando que, como titular del juzgado, es a él a quien corresponde garantizar su correcto funcionamiento.
Pero esa responsabilidad alcanza también de manera directa al Consejo General del Poder Judicial, encargado de vigilar y en su caso sancionar "la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de los procesos y causas". La inspección llevada a cabo hace apenas cuatro meses en el juzgado en cuestión fue incapaz de detectar el terrible fallo que se cometía en esos momentos.
Alguien del Consejo tendría que responder de ese incomprensible resultado, que demuestra que además de los jueces fallaron los mecanismos de control. Pero no hay visos de asunción de responsabilidad institucional alguna por parte de un Consejo que en su anómalo mandato -casi 17 meses en funciones- ha mostrado tanto interés por el matrimonio homosexual o por el Estatuto catalán y tan poco por el buen funcionamiento de la justicia.
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jose luis
- 02-04-2008 - 20:37:16h
Por completo de acuerdo con Elena Domínguez. Ha dado en el clavo. La situación de retraso en todos los Juzgados es estructural. La falta de medios (personales y materiales) en la Administración de Justicia es un mal endémico que no ha habido intención de corregir (pensemos en la eficacia con la que actúan otras administraciones como la tributaria, sin ir más lejos). No es el problema de un juez, ni la culpa de los jueces. La justicia se imparte en un contexto decimonónico.
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pilar del oyo
- 02-04-2008 - 18:01:50h
me de miedo ,mucho miedo caer en manos de la justicia de mi pais,pero tambien qué vergüenza,tanta oposición para qué.
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Burjasotte
- 02-04-2008 - 16:57:06h
A nivel de España he comentado la incongruente y deshonesta actitud del CGPJ, pero corresponde aclarar la correspondiente a la mayoría de los jueces que incentivados como están -no olvidarlo- en la "producción" de sentencias no prestan atención a la ejecución de las mismas remitiéndolas al secretario que se ve incapaz de cumplir su función porque, casi siempre, "topa" con el juez que, por lamentables, "imprevisibles" e incomprensibles circunstancias, "lo puentea" con el resto de la plantilla (oficiales y auxiliares) marcando el "ritmo" de las ejecutorias, hechos que incrementan el desconcierto del Secretariado. Podría resolverse la cuestión si la Oficina judicial de las ejecutorias funcionase correctamente siempre, claro, contando con la buena disposición del funcionariado judicial.
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Antonio Moreno Alfaro
( http://www.estafaluz.com )
- 02-04-2008 - 16:47:30h
¿Alguien cree que el CGPJ, cuyos miembros son nombrados por los partidos políticos, va a tomar las medidas necesarias para que funcione correctamente una Administración (la de Justicia) de cuyo mal funcionamiento depende el que los partidos políticos disfruten de impunidad?. ¿Alguien cree que quienes deben sus cargos al PSOE y al PP van a tomar las medidas necesarias para que dichos partidos dejen de utilizar el BOE para cometer una estafa que genera cada día 300.000 euros, afecta a 23 millones de clientes de las compañías eléctricas y lleva reportados a éstas al menos la mitad de los más de 7.500 millones de euros cobrados ilegalmente por el alquiler de sus contadores?. La estafa continúa a pesar de que ha sido reconocida por el Gobierno en escrito de 9.03.07 al Congreso y de que es tan burda que ha sido detectada en 45 minutos por alumnos de primero de Bachillerato de un instituto de Sevilla con tan sólo dos de los cientos de documentos obrantes en la Audiencia Nacional.
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Burjasotte
- 02-04-2008 - 16:39:38h
Que el CGPJ está politizado es algo absolutamente evidente y lo demuestra con total claridad su oposición a leyes del gobierno que estima son inconvenientes para la sociedad. Tal arbitrariedad es intolerable no sólo por su injerencia en la vida política y parlamentaria sino por erigirse en Tribunales de Orden Público sin que nadie ni nada lo permita. De esta forma se inmiscuyen donde no les corresponde y abandonan el mandato de velar por el recto funcionamiento de la Administración de justicia y claro de tales polvos estos lodos que ensucian la imagen de la España judicial.
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