Domingo, 11/5/2008
Opinión
27/03/2008
A punto de cumplirse dos meses desde su inicio, la huelga de funcionarios de Justicia de las siete autonomías que no tienen transferidas las competencias sobre la materia (gestión del personal auxiliar y de los recursos presupuestarios) no tiene visos de llegar a su fin. La situación se encamina a un mayor endurecimiento, con amenazas de expedientes disciplinarios y reproches de incumplimiento de los servicios mínimos.
El daño infligido a los ciudadanos en este tiempo es ya considerable, desde esperas de días y semanas y con largas colas incluso en la calle y a la intemperie para inscribir un nacimiento o un matrimonio y obtener un certificado de últimas voluntades hasta la suspensión y el aplazamiento sine die de numerosos juicios. Los actos judiciales suspendidos oscilan entre los 41.000, según el Ministerio de Justicia, y los 110.000, según los huelguistas. Pero, más allá de las cifras, lo que evidencia esta huelga son los múltiples efectos que provoca, a cual más nocivo para el ciudadano. A los inmediatos, como es un servicio más lento o sencillamente su denegación, se añaden los que en cascada se proyectan sobre otras administraciones e incluso sobre el mundo laboral, donde se exigen documentos que el ciudadano no puede aportar por culpa de la huelga. Todavía quedan los efectos diferidos que durarán el tiempo necesario -meses o quizás un año- para sacar adelante la acumulación de asuntos sin tramitar.
Llama la atención que la huelga continúe a pesar de la escasa diferencia, apenas 20 euros, que separa a las partes en el terreno económico. Pero entre los 180 euros mensuales que ofrece el Ministerio de Justicia y los 200 que piden los funcionarios se interpone una abismal diferencia de concepto sobre la mejora salarial en discusión. Mientras los funcionarios piden una equiparación de retribuciones con sus compañeros de las otras comunidades, basada en el agravio comparativo que supone que unos ganen más y otros menos ejerciendo las mismas funciones, el Ministerio de Justicia mantiene que esa equiparación salarial debe responder a un compromiso de mejora de los servicios judiciales prestados al ciudadano. La posición del Ministerio de Justicia tiene su lógica: la gestión de los servicios traspasados, incluido su correspondiente presupuesto, es responsabilidad de cada una de las autonomías. La referencia para la equiparación salarial no puede ser, entonces, sólo y exclusivamente el agravio comparativo, sino la calidad de la gestión y del servicio prestado.
Una vez despejada la composición del Gobierno, el ministro de Justicia no tiene mejor tarea que hacer que dedicarse por completo a negociar una salida razonable a la huelga. Y por parte de los huelguistas debería haber, al menos, el compromiso inequívoco de poner al día lo más rápidamente posible el cúmulo de anotaciones, expedientes y señalamientos que han quedado amontonados.
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- 27-03-2008Página 1 de 8
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Eva
- 27-03-2008 - 21:08:04h
Buenas noches, cierto que los funcionarios de justicia teneis mala fama (incluso algunos más), es curioso que en una ¿ciudad? como Benavente una funcionaria haya querido "trabajar tanto" que se ha llevado expedientes a su casa (en Bilbao), vamos, para agilizar la justicia... y esto venía haciéndolo desde los 90; agilizaba al parecer expedientes de algún determinado abogado....
39
Chiki-Chiki
- 27-03-2008 - 21:01:03h
Me deja perplejo esta huelga que dura ya dos largos meses, salvaje y sin servicios mínimos (o con servicios mínimos raquíticos) -digamoslo como es- que tiene paralizados a los Tribunales de media España (la parte de España que no importa a nadie -digamoslo también-), y con perjuicios ya irreparables para muchísimos ciudadanos que nadie va a indemnizar. Y encima Fdez. Bermejo va a continuar de Ministro por lo bien que lo ha hecho (se lo tomará como un premio). También, seguro, van a seguir en sus puestos los dirigentes sindicales que han llevado a los huelguistas al atolladero: Que iban a por lana y van a salir trasquilados. Qué pais y qué paisanaje!!. Que termine la huelga ya !!. Que alguien haga algo !!. Pero que NO nos dejen en manos de todos estos.
38
BAROJIANO
- 27-03-2008 - 20:45:19h
No comprendo tres cosas. 1ª.- ¿Porque se ha programado la huelga en plena campaña electoral? 2ª.-¿ Porque, si solo hay 20 euros de diferencia en la subida salarial no se intentan aproximarse ambas partes? 3ª¿ Porque los huelgistas pretenden, que no les descuenten las horas de huelga?Esto tiene un tufo, que huele a huelga ´´salvaje´´ con mucha carga ideologica, como las que haciamos en el Franquismo, solo que entonces, te jugabas, el puesto de trabajo e ir a ´´Carabanchel´´ ....y no, precisamente a los toros. ¡POR FAVOR LLEGUEN A UN ACUERDO¡
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yo
- 27-03-2008 - 20:38:17h
tampoco creo que con los niveles de productividad que hay en este pais la empresa privada sea un ejemplo de nada.... además que sepas que muchos funcionarios antes de serlo pasamos por ella, y personalmente me ha tocado trabajar mucho más en el tiempo que llevo en la administración que en las empresas privadas que estuve, así que ni tanto se hace en una ni tan poco en otra, es como todo hay sitios mejores y peores, con más trabajo y con menos, y con gente que hace más y otra menos, o alguien me va a negar que en la privada siempre hay uno o un grupito que gracias a labia y mucho morro la rascan mucho menos que muchos funcionarios? todos sabemos que es así ,pero claro siempre hay que recurrir al tópico... ya lo dice el refrán cría buena fama y échate a dormir cría mala fama...
36
Alfonso
- 27-03-2008 - 19:59:36h
¿Solo llevan 2 meses de huelga los funcionarios de justicia?. Yo pensaba que llevaban años. Si alguien ha ido alguna vez a hacer alguna gestión, la impresión es que alli no trabaja nadie. Ir, van pocos, pero los que van, no la hincan. Buena parte del funcionariado, en la empresa privada estarían en el paro.
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