Hungría en infracción

La Comisión Europea decidió finalmente abrir ayer un procedimiento de infracción del derecho comunitario contra Hungría, ante las reformas constitucionales impulsadas por el primer ministro Viktor Orbán que han acabado con la independencia del Banco Central, del poder judicial y de la autoridad responsable de la protección de datos en su país. Si en un mes Budapest no rectifica, la Comisión pasaría a un dictamen motivado, previo a la denuncia ante el Tribunal de la UE. Es un paso, pero insuficiente, para evitar que en el seno de la Unión se desarrolle un Estado autoritario. Pues la reforma de la Constitución y otras leyes que ha impuesto Orbán con la aplastante mayoría parlamentaria que logró en 2010 constituyen un retroceso de la democracia que es necesario atajar. La Hungría de hoy, que ingresó en 2004, no cumpliría los requisitos mínimos democráticos para entrar en la Unión.

El adelanto de 70 a 62 años de la edad de jubilación de los jueces y fiscales le ha permitido a Orbán purgar a un 10% de la carrera judicial. Hay otras medidas y políticas en las que la Comisión no ha entrado, como la mordaza a los medios de comunicación críticos, la constitucionalización de la oposición socialista como heredera de la dictadura comunista, la criminalización de los pobres o la nacionalización de las pensiones privadas que ha llevado a una marea de demandas ante el Tribunal de Estrasburgo.

Por mucho menos -la entrada en el Gobierno del xenófobo Haider-, la UE impuso a Austria en 2000 unas sanciones diplomáticas, más cosméticas que reales. Los cambios que ha introducido Orbán se harían merecedores de la activación del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea que, reforzado tras el caso austriaco, puede llegar a suspender de voto en el Consejo a todo Estado que viole derechos humanos y libertades fundamentales.

Está en juego el futuro de Hungría, pero también la credibilidad de la UE y su defensa de la democracia. Pero ni las instituciones ni los dirigentes de una Unión Europea en plena crisis económica y financiera parecen estar para estas lides. Orbán lo sabe y, pese a la fachada constructiva que presentará hoy ante el Parlamento Europeo, la institución más crítica con él, previsiblemente intentará torear la situación. Bruselas debería al menos utilizar para presionar la amenaza de no conceder los fondos necesarios para sacar a Hungría de su actual atolladero financiero.