Ibarretxe amenaza

El 'lehendakari' ha respondido con la amenaza de no se sabe qué iniciativas legales, sociales y políticas, a la presentación ayer por el Gobierno del recurso suspensivo ante el Tribunal Constitucional de su pretendida consulta. Juan José Ibarretxe insiste en una vía que sirve a sus intereses electorales a corto plazo, pero a costa de tensionar irresponsablemente la vida política española. Ha hecho oídos sordos a la advertencia de Zapatero de que no cuente con su Gobierno para "aventuras" y ha desoído incluso el prudente consejo de su compañero de partido Iñaki Azkuna, alcalde de Bilbao, de que no siga por un camino que le lleva una vez más a darse contra la pared.

Con la consulta sobre el llamado "derecho a decidir" -un referéndum consultivo en toda regla, aunque elude llamarse así-, Ibarretxe busca una legitimidad propia y diferenciada de la que sustenta su función de lehendakari, que no es otra que el Estatuto de Gernika y, en último término, la Constitución de 1978. Es decir, sustituir por su cuenta y riesgo el principio constitucional autonómico por el soberanista. Y lo hace, además, con ese halo de aparente candor con que suele adornar sus iniciativas -"¿qué hay de malo en ello?", es su coletilla-, aunque reservándose en esta ocasión toda una serie de medidas en defensa y apelación a este supuesto derecho de los vascos a decidir así sobre su futuro. Y en esa misión no parece importarle dividir ni arrastrar al Parlamento de Vitoria a un choque institucional con el Gobierno ni recibir el voto de una fuerza política -el PCTV- que hace causa común con quienes atentan y asesinan dentro y fuera del País Vasco.

Ibarretxe intentó ayer presentar el recurso del Gobierno como "un ataque a nuestra autonomía" y "la suspensión de hecho de nuestro autogobierno político". Pero se disfrace como se disfrace, el referéndum vergonzante que propone reúne las características del que la Constitución reserva en exclusiva al Estado. El lehendakari tiene razón en que "los españoles no pueden decidir por los vascos", pero oculta que eso sólo sucede en cuestiones propias de su autonomía, no en las que, como el referéndum que plantea, competen al conjunto de los ciudadanos. Que insista en esta vía supone actuar con deslealtad, una conducta impropia de un gobernante democrático para el que, por encima de todo, debe primar el respeto a la legalidad.