Imaz, por el pacto
Si en diciembre de 2000, el PP y el PSOE no hubieran suscrito un Pacto Antiterrorista, y se planteasen hacerlo ahora por primera vez, ¿contarían con el PNV? Por lo menos, lo intentarían: porque es el partido que gobierna en el País Vasco y porque sus posiciones actuales permitirían, aunque no sin esfuerzo, recomponer la unidad de los demócratas contra ETA. Luego no hay que tomar a la ligera la propuesta de Imaz, dirigida especialmente a Zapatero y Rajoy, para acordar unos puntos mínimos que permitan hacer frente a lo que considera riesgo de una escalada terrorista.
Imaz no es Arzalluz. El anterior líder del PNV argumentó en su momento que el Pacto de Lizarra tenía por objeto favorecer el abandono de las armas por parte de ETA, y que ése había sido el motivo de ciertas concesiones a los planteamientos de la izquierda abertzale. Sin embargo, tras el fracaso del intento el PNV no volvió al punto anterior, sino que se quedó instalado en un soberanismo-independentismo más o menos impostado pero que escindió gravemente a la sociedad vasca. Lo que había sido frontera entre demócratas y violentos se convirtió en alambrada entre nacionalistas -violentos incluidos- y no nacionalistas. Y la identificación con el Estatuto de Gernika dejó de ser factor unificador de los opuestos a ETA.
Sólo con la llegada de Imaz, en enero de 2004, a la presidencia de su partido comenzó el cauteloso regreso del PNV (no sin fuertes resistencias internas) a las posiciones autonomistas anteriores; un regreso que incluye la adscripción, en el terreno internacional, al nuevo Partido Demócrata Europeo (PDE), que impulsan personalidades como Romano Prodi o el centrista francés Bayrou.
Ahora, el enfrentamiento sin tregua entre el PP y los socialistas es interpretado por ETA como una oportunidad para influir con sus atentados y amenazas en la vida política española. Lo decía claramente un informe interno de noviembre pasado en el que sus dirigentes se planteaban "convertir" la necesidad de resultados (en el proceso de paz) que atribuían al Gobierno en un factor de "presión" en favor de sus objetivos. Imaz lleva meses llamando la atención sobre el incentivo que para ETA supone pensar que puede condicionar los resultados electorales. Una forma de reducir ese riesgo es que exista un acuerdo básico entre Gobierno y oposición.
El pacto de mínimos que plantea Imaz es una combinación entre los principios del Pacto Antiterrorista y los de la declaración del Congreso de mayo de 2005 sobre un final dialogado de la violencia, con el añadido de una mención contra la Ley de Partidos y la ilegalización de Batasuna. Esa mención sería hoy por hoy un obstáculo, porque casi en lo único en que están de acuerdo socialistas y populares es en la necesidad de no consentir la legalización del brazo político mientras no rompa su dependencia de ETA. Pero la ley sería superflua si existiera el compromiso de abandono de las armas, sin el que no habría salida dialogada; luego no parece imposible encontrar una fórmula que permita salvar esa diferencia. Al menos vale la pena que Zapatero y Rajoy lo intenten en el encuentro que tienen previsto para después de las elecciones del 27 de mayo.
