¿Impuesto suprimible?

Con muy pocos días de diferencia, el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, han expresado la conveniencia de suprimir el impuesto sobre el patrimonio. Aducen que el tributo es injusto, porque grava por segunda vez a los que ya han tributado por el impuesto sobre la renta (IRPF) y que castiga a las clases medias, porque las rentas más altas utilizan sociedades patrimoniales para eludir la imposición. Aguirre esgrime además la convicción de que es beneficioso por principio bajar los impuestos para que la iniciativa privada tenga plena capacidad de maniobra en la generación de riqueza.

No es Madrid la única comunidad que quiere suprimirlo; incluso el Gobierno parece albergar algunas dudas sobre su equidad y eficacia. Ni tampoco es el único impuesto cuestionado: el de sucesiones y donaciones también lo está, y desde hace mucho tiempo. No deja de ser significativo que ambos sean impuestos directos que pretenden recaudar entre las rentas más altas. En apariencia, las críticas tienen fundamento. El impuesto sobre el patrimonio tiene el defecto de la doble imposición, grava rentabilidades del capital aunque no se hayan realizado y, además, ha contribuido a la burbuja inmobiliaria, puesto que ha facilitado la declaración de los activos por debajo de su valor de mercado. Pero también cuenta con defensores. Si es verdad que las rentas sólo deben gravarse una vez, cuando se generan, también es cierto que en España son muchos los que eluden la declaración de la renta.

Si el impuesto discrimina a las clases medias, la consecuencia lógica sería reformarlo para que también alcance las rentas más altas. Los impuestos no sólo tienen un valor recaudatorio o el muy importante de convencer a la sociedad de que todos los ciudadanos contribuyen en proporción a su riqueza; también ofrecen información decisiva contra el fraude. Mediante la declaración de patrimonio se detectaban fugas en renta y viceversa.

La supresión de figuras tributarias es asunto complejo. Si después de un debate público informado se decidiera eliminar patrimonio y sucesiones y donaciones, han de tenerse en cuenta dos consideraciones elementales: la primera, que si no se quiere doble imposición, la imposición única por IRPF debe ser efectiva y acabar de una vez con el sonrojante volumen de fraude fiscal que soporta la sociedad española; la segunda, que el procedimiento adecuado para simplificar la tributación no es la decisión unilateral de las comunidades autónomas, sobre todo si incurren en la contradicción política de borrar impuestos al tiempo que reclaman a voz en cuello más recursos del Estado. Debería hacerse a través de un plan coordinado desde el Gobierno que no agrave el presente guirigay fiscal.