Impuestos limpios

Si se pretende imponer una fiscalidad disuasoria de las emisiones de dióxido de carbono, nada más natural que subir los impuestos que pagan los automóviles que más contaminan e incentivar la adquisición de coches híbridos o con muy bajas emisiones. La lógica radica en que el transporte por carretera es el mayor responsable de la emisión de CO2 a la atmósfera, por delante de la industria o de las calefacciones urbanas.

El acuerdo del Gobierno con IU-ICV y ERC para introducir una enmienda en la Ley de Calidad del Aire para aumentar el impuesto de matriculación de los coches menos limpios es coherente con este propósito. Si se admite que la reducción de los gases contaminantes en la atmósfera es el objetivo principal que debe perseguirse en la política energética, una fiscalidad punitiva contra los motores menos limpios debe primar incluso sobre los argumentos de pérdida de competitividad y rentabilidad derivadas del castigo fiscal que esgrime la industria automovilística.

Ahora bien, da la sensación de que se acierta en los detalles pero de que se carece de una visión de conjunto que empuje la política energética en la dirección común del respeto medioambiental, el ahorro energético y la eficiencia de la producción. Se discrimina en contra de los automóviles contaminantes, pero se aplica una política de tarifas eléctricas que no reconoce los costes reales e ignora el exceso de consumo. Tampoco aparecen planes, en forma de incentivos o "castigos", para corregir el exceso de energía consumido por unidad de producto; y eso que España está entre los países más ineficientes de Europa en este terreno. Se anuncian programas debidamente estimulados para cambiar las calderas urbanas más obsoletas y contaminantes, pero se aplaza sistemáticamente el debate sobre el presente y el futuro de la electricidad nuclear.

El diagnóstico de esta indecisión es fácil: simplemente, el Gobierno está evitando los aspectos más espinosos de una política coordinada de ahorro energético y se actúa sobre los que se consideran políticamente más inocuos. A pesar de lo invertebrado de esta política, hay que apostar fuerte por una fiscalidad que desincentive la contaminación y el despilfarro. El Gobierno debe volcarse en elaborarla sin atender presiones y hacerla cumplir sin excepciones.