Internet para todos

El Gobierno ha anunciado que el acceso a Internet a un mega de velocidad será un servicio universal en enero de 2011. La Ley General de Telecomunicaciones define como servicio universal el que se garantiza para todos los usuarios finales con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible. Para cumplir con esta promesa, el Ministerio de Industria deberá introducir el acceso a Internet en el vigente catálogo de servicios universales que incluye la telefonía, los servicios de guías de números de abonado y las cabinas de teléfonos, entre otros.

El anuncio se suma a los realizados en otros países. Es más ambicioso que el de Francia, pero menos que el de Reino Unido o Finlandia, que tras un primer paso el año próximo pretende garantizar 100 megas en 2015. La iniciativa es positiva y ha sido celebrada por los internautas porque, de entrada, reconoce el derecho a la población que no tiene cobertura de Internet a exigirla. Y eso, en un país cuya oferta de banda ancha es más lenta y cara que la de muchos otros vecinos europeos.

Internet es una herramienta vital para el desarrollo económico y social. Una nación moderna no puede permitirse que se ahonde la brecha digital doméstica, algo que obviamente no se combate únicamente desplegando infraestructura. También se necesita difundir una cultura de usos digitales. Pero, desde luego, lo primero es una condición necesaria.

La promesa podría haber sido más osada. Tal y como evolucionan los usos de Internet, dentro de un año una velocidad de un mega puede resultar demasiado pobre. Falta, además, conocer las velocidades de subida y bajada de archivos que se obtendrán realmente y su precio para el consumidor. Y falta ver cómo se conducirá el proceso de implantación. Las operadoras se han opuesto a que el Gobierno lance compromisos a su costa y que salen gratis a la autoridad que los anuncia. La normativa europea deja escoger entre que la factura se pague con fondos públicos o que se distribuya entre los operadores el coste de implantación de un servicio universal. Administración y operadoras deberán buscar una fórmula que no penalice la capacidad inversora de éstas. Pero lo más importante es que, en la fecha anunciada, la posibilidad de conectarse a Internet sea un derecho exigible y no una promesa bienintencionada.