Intervención dominguera

La intervención por el Banco de España de la Caja de Castilla La Mancha (CCM), que obligó a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario ayer en plena jornada festiva, supone la irrupción de la crisis bancaria que afectaba a otros países en la economía española y que aquí se consideraba improbable por la tan predicada solvencia del sistema financiero español.

La intervención implica la destitución de su Consejo de Administración y el control por parte del Banco de España de sus activos. El Consejo de Ministros, reunido de urgencia, aprobó un real decreto ley que concede a la CCM un aval por un importe de hasta 9.000 millones de euros. El objetivo es garantizar sus obligaciones con acreedores y depositantes, pero no significa, según el vicepresidente Solbes, que la entidad esté en quiebra, sino que tiene problemas de liquidez que la intervención debe solventar.

CCM es una entidad crediticia cuyos activos vinculados al sector inmobiliario son relativamente importantes. El desplome de ese sector, muy dependiente de la financiación bancaria, es una de las causas más serias del crecimiento del desempleo y éste, a su vez, el determinante del crecimiento de la morosidad de las familias y empresas que afecta a la solvencia de los prestamistas bancarios.

En la adopción de una decisión tan radical han pesado las dificultades para que prosperara la proyectada fusión con la principal caja andaluza, Unicaja, a la que ambos Gobiernos regionales y el propio Banco de España habían concedido su apoyo. Las últimas noticias vinculaban los avances en esa integración a las posibilidades de apoyo del propio Banco de España a la caja resultante.

El desenlace pone de manifiesto que algo con lo que se contaba inicialmente ha fallado, invalidando las pretensiones de que los ajustes que esta crisis financiera va a exigir pudieran llevarse a cabo mediante operaciones entre operadores privados, con criterios de racionalidad, y sin intervención pública. Lo que sugiere la racionalidad es que la respuesta a ese deterioro en la calidad de los activos de las entidades crediticias podría ser la reducción del número de cajas y bancos, dado el manifiesto exceso de oferta en el sistema bancario español que esta crisis está revelando.

La CCM no es una entidad de envergadura como para poner en peligro al conjunto del sistema (supone menos del 1% de los activos totales), pero es probable que la desconfianza latente en el mismo, en particular en el sector de cajas, aumente en las próximas jornadas. Y ello pese a que objetivamente la intervención reduce los riesgos que amenazan teóricamente al sistema financiero.

Los episodios recientes en Caja Madrid han avalado las presunciones de los más escépticos acerca del excesivo grado de politización de las cajas de ahorros. Durante muchos años, desde su completa liberalización en 1977, las cajas no sólo no han perturbado la estabilidad financiera española, sino que han contribuido de forma significativa a la mayor competencia y eficiencia del conjunto del sistema bancario. Que no fueran sociedades anónimas no significaba que presentaran peores resultados que sus colegas bancarios. Lo peor no era que las administraciones públicas mantuvieran el control de las cajas, sino que lo hicieran sin la suficiente profesionalidad, atendiendo a intereses de los partidos o de sectores de los mismos. El espectáculo de Caja Madrid es altamente ilustrativo al respecto.

El Gobierno ya ha explicado, por boca de sus dos vicepresidentes, la decisión adoptada por el Banco de España, pero deberá ser el propio gobernador quien, además de justificar su pertinencia, ayude a esclarecer si se trata de un episodio aislado o de la emergencia de algo más difícil de gestionar que una mera intervención de una caja de ahorros de tamaño medio.