Investigación a la carta

Los peores pronósticos amenazan con cumplirse: la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre el espionaje a altos cargos del Partido Popular nace lastrada tanto por su composición como por su calendario, que podría quedar reducido a seis días de trabajo efectivo. La presidenta Aguirre dejó claro en su comparecencia de la víspera que la comisión no sería sólo una maniobra para ganar tiempo, sino también una puesta en escena destinada a obtener la propia absolución. Pero hay algo en lo que la presidenta parece no haber reparado: una investigación a la carta no servirá para establecer su inocencia, sino para fortalecer los indicios de culpabilidad.

No porque en este caso fueran altos cargos populares los espiados se convierte todo esto en asunto interno de un partido. Con independencia de la militancia política de los afectados, el Gobierno de Aguirre podría haber mermado derechos constitucionales, asumido clandestinamente competencias que no le corresponden y empleado recursos públicos para fines presuntamente constitutivos de delito. Pero el espionaje en la Comunidad de Madrid pone sobre todo en evidencia una forma de ejercer el poder incompatible con el Estado de derecho, e inaceptable en un sistema democrático. Es verdad que, hasta donde se conoce, todo ha sucedido en el interior de un partido. Sin embargo, el mandato constitucional es taxativo en este punto: los partidos deben organizarse de manera democrática, no según las prácticas que han quedado al descubierto en la Comunidad de Madrid y de las que sólo se conocen algunos extremos.

La comisión que ha visto la luz en la Asamblea es resultado de la pugna entre la dirección nacional del PP y la organización regional que controla Aguirre. Pretendiendo ganar un pulso político a Mariano Rajoy, la presidenta de la Comunidad de Madrid se lo ha planteado a la totalidad del sistema constitucional, convencida de que todo vale para llegar y mantenerse en el poder. En contra de lo que proclama la presidenta, el objetivo de esta comisión de investigación no puede ser demostrar la inocencia del Partido Popular de Madrid, sino esclarecer la verdad. Una verdad que, bajo el espectro del espionaje, ha dejado entrever un oscuro entramado de intereses en torno a las recalificaciones de terreno en ayuntamientos populares y las concesiones de explotación y de servicios por parte de la Comunidad de Madrid.

La investigación interna del PP fue suspendida, no clausurada, con el anuncio de la comisión que ayer se puso en marcha. Esperanza Aguirre está decidida a plantear un nuevo pulso a la dirección nacional de su partido. Si ésta no convalidase la maniobra que parece estar fraguándose en la Asamblea de Madrid, el enfrentamiento estaría servido. Pero si avalase unas conclusiones obtenidas sin las mínimas garantías parlamentarias, habría optado por la complicidad. Y en las actuales circunstancias, no sería distinto de un suicidio político.