Investigar Guantánamo

Un grupo de policías españoles interrogó en 2002 a una veintena de presos ilegales en Guantánamo, un hecho que junto a las últimas revelaciones de que Estados Unidos utilizó las bases de Torrejón, Morón y Rota, además de otras escalas ya conocidas, para llevar a prisioneros al centro de detención americano en la isla cubana, debe obligar al Congreso de los Diputados a abrir una comisión de investigación sobre estos hechos sórdidos, que dejan en entredicho el funcionamiento de los resortes de preservación de nuestros más básicos valores democráticos.

La democracia española no puede contentarse con que sea el Parlamento Europeo el que políticamente investigue todas estas cuestiones. La dimisión del holandés Gijs de Vries, encargado de la cooperación antiterrorista en la UE, en plena crisis sobre los vuelos de la CIA, no basta para aplacar ánimo alguno. Al contrario, debe servir para localizar con precisión dónde están las responsabilidades. Los procedimientos judiciales, a su vez, deben avanzar de forma implacable frente a lo que constituyen a todas luces violaciones de la legalidad española y europea.

Los policías españoles interrogaron a 20 marroquíes, además del ceutí Hamed Abderramán, luego liberado. Los interrogatorios tuvieron lugar en 2002, es decir, en tiempos del Gobierno de Aznar y meses antes del ataque terrorista del 11-M de 2004. Pero los vuelos prosiguieron al menos hasta noviembre de 2005, es decir, con Zapatero en La Moncloa. Las explicaciones dadas hasta ahora sobre estos últimos son insuficientes y requerirían por sí mismas una investigación parlamentaria a fondo.

No es un atenuante que agentes de otros países europeos fueron también en esas fechas a interrogar a presos a Guantánamo. Francia lo hizo con presos de su nacionalidad, tal como acabó sabiéndose en un juicio en París contra seis acusados de terrorismo. El alemán de origen turco Murat Kurnaz, que posteriormente fue liberado, también relató cómo recibió la visita de agentes alemanes mientras estaba en Guantánamo. Los policías españoles mandados por el Gobierno de Aznar interrogaron, en cambio, a ciudadanos de un país vecino, algo que introduce un elemento mucho más inquietante a la hora de evaluar la actitud oficial ante la actividad ilegal desarrollada en Guantánamo.

La hipocresía de muchos Gobiernos europeos parece no tener límites. Estamos ante una serie de desvergüenzas y violaciones de los derechos por parte de servicios europeos que requieren, además de la investigación judicial que corresponda, una depuración de responsabilidades políticas, aunque sea a toro pasado. Debe quedar claro que lo peor que puede hacerse en la lucha contra el terrorismo es doblegarse a lo que quieren los terroristas, y esto es que los Estados de derecho abandonen el camino de la ley y se adhieran a los mismos métodos de aquellos a quienes persiguen.