Italia mía

No hay novedad en el nuevo Berlusconi. Actúa como siempre. Ejerce la política como si fuera el presidente del consejo de administración de una empresa. Escucha a los miembros de ese órgano, pero hace y deshace a su gusto. Y en su propio beneficio, que es lo más grave. El primer ministro italiano ha vuelto al poder hace un mes y medio por tercera vez en menos de 15 años con los mismos prejuicios de antes y la desconfianza hacia la judicatura, que, sostiene, está en manos de magistrados de izquierda empeñados en arruinar su carrera.

Durante los dos anteriores mandatos eludió con hábiles artimañas los diversos procesos abiertos contra él por presunta colusión de sus intereses empresariales con el ejercicio del poder. Ahora pretende hacer lo mismo con el argumento de la existencia de un proyecto de ley de seguridad, que el Parlamento va a tramitar por vía de urgencia, con el fin de desatascar la parálisis de los millares de procedimientos judiciales sin resolver. La norma prioriza los procedimientos penales con cadena perpetua o más de 10 años de prisión, especialmente los que crean alarma social (mafia, terrorismo, violaciones). Y al mismo tiempo suspende por un año el desarrollo de juicios relativos a hechos cometidos antes del 30 de junio de 2002 y que se encuentren en una fase comprendida entre la audiencia preliminar y el juicio oral, y que pueden ser castigados con penas de hasta 10 años de cárcel.

El proyecto podría justificarse si no fuera porque una de esas suspensiones atañe directamente a las vicisitudes siempre difíciles de Il Cavaliere con la justicia: el llamado caso Mills, abierto en marzo de 1997 y cuya sentencia en primera instancia podría dictarse en los próximos meses. Berlusconi fue imputado por corrupción tras haber sobornado con 588.000 euros al abogado británico David Mills para que falseara su testimonio en dos juicios contra el actual jefe de Gobierno, celebrados en 1997 y 1998, por irregularidades en la compraventa de derechos televisivos de su empresa Mediaset. Berlusconi fue absuelto, pero la fiscalía solicita ahora ochos años de prisión.

El líder del Pueblo de la Libertad hace bueno el pronóstico mordaz de Romano Prodi, su antecesor, de que salvo el papado, el político y magnate está dispuesto a comprar todo sin importarle si eso supone una violación al Estado de derecho de un país democrático como es Italia.